Ernst & Young incluyó ‘salvedades’ en la auditoría de Pescanova en los ejercicios 1991, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000 y 2001. A partir de ese año fue contratada BDO y desde entonces todas las auditorías se han firmado ‘limpias’ y sin el menor ‘párrafo de énfasis’. Por supuesto, en el informe de 2011 estaba todo correcto.
Así puede comprobarse en las páginas de la CNMV, que recoge todos los informes históricos de la auditora. ¿Qué debe suponerse de esto? Alguna fuente financiera señalaba ayer que “una empresa cotizada debe estar en manos de una gran corporación, que tenga realmente capacidad de independencia”.
En este sentido, Ernst & Young está dentro del grupo conocido como las ‘big four’ (E&Y, PWC, KPMG y Deloitte), mientras BDO sería la quinta, pero a distancia. A la espera de la presentación de 2012, el informe de 2011 (por el que cobró 64.000 euros en conceptos no relacionados con la auditoría, 749.000 por el informe y otros 267.000 por honorarios devengados de otros auditores de sociedades fialiales, según queda reflejado en dicho documento) destaca, evidentemente, que las cuentas reflejan “la imagen fiel” de la compañía y que “no se han producido ajustes significativos debido a corrección de ejercicios anteriores”. Asimismo, “no se conocen contingencias negativas significativas que pudieran afectar al patrimonio o los resultados de Pescanova y no estén recogidas en las presentes cuentas anuales”.
Todo habitual
La remuneración del equipo directivo fue en ese ejercicio de 2,1 millones de euros, frente los 1,9 del ejercicio anterior. Y, especialmente, “los miembros del Consejo de Administración así como los accionistas representados en el Consejo no han participado en el ejercicio 2011 en transacciones inhabituales y/o relevantes para la sociedad”.
Fuentes de los bancos acreedores han manifestado su malestar con la auditora, señalando, además, que fue esta entidad quien recomendó al presidente, Manuel Fernández Sousa, la presentación del preconcurso de acreedores, para protegerse. Con este modo de operar, tienen un plazo de cuatro meses para recomponer la situación, alcanzando una refinanciación de la deuda y, sobre todo, evitando que puedan proceder contra el patrimonio personal de los consejeros.
Pero ahora, la suerte está echada: dentro de esos cuatro meses deberá estar listo ese acuerdo con los acreedores o se decretará el concurso necesario, con las responsabilidades pertinentes. Entre otras cosas, es por eso por lo que accionistas como la familia Carceller (Damm) insiste de manera desaforada para que se convoque un consejo extraordinario, se dé cuenta de la situación real y se pueda actuar en consecuencia.
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