Los miembros del consejo de administración de BFA recibieron dos correos electrónicos a finales de abril y principios de mayo en los que los gestores negaban justo antes de la nacionalización los problemas de solvencia del grupo financiero y las objeciones de Deloitte a las cuentas de 2011.
Según fuentes jurídicas, durante su declaración como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, el exdiputado valenciano y exconsejero de BFA José Rafael García Fuster reveló que los miembros del consejo recibieron un email institucional el 27 de abril en el que se afirmaba que el informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) que ponía en duda la solvencia del grupo contenía "informaciones negativas y absolutamente falsas".
Dos días antes, el 25 de abril, el FMI había señalado, sin citarla expresamente, que Bankia era "vulnerable" y consideraba "crítico" que para preservar la estabilidad financiera de España los bancos con escasa capitalización, "sobre todo el mayor de ellos, adopten medidas prontas y decisivas para reforzar sus balances y mejorar su gobernanza".
Por su parte, el exdiputado socialista en la Asamblea de Madrid Jorge Gómez señaló que el 4 de mayo se recibió otro correo electrónico en el que, ante la preocupación de los entonces consejeros de BFA sobre la falta del borrador de auditoría, se insistía en que Deloitte estaba de acuerdo con las cuentas de 2011. Según el abogado de UPyD, Andrés Herzog, estos hechos demuestran el "ocultamiento" al consejo de los problemas existentes en Bankia-BFA.
El exdiputado Jorge Gómez, que también declaró como imputado en la Audiencia Nacional, fue especialmente crítico con Deloitte, ya que mostró su sorpresa por el cambio radical de criterio de la firma de auditoría respecto a las cuentas de 2011, que fueron aprobadas en marzo por los consejos sin contar con su informe.
Los resultados de Bankia
Los resultados de Bankia de marzo reflejaron unos beneficios de 309 millones de euros frente a las pérdidas de 2.979 millones de euros de la reformulación de mayo, a lo que hubo que unir una petición de ayuda pública de 19.000 millones.
El político socialista sostuvo que nunca vio un soporte documental en el que Deloitte avisara de discrepancias con las cuentas de 2011 y señaló además que esa postura le sorprendió porque la firma había valorado a las siete cajas integrantes de Bankia-BFA, había dado su respaldo a la salida a Bolsa y había auditado las cuentas de 2010 sin presentar nunca objeción alguna.
"En ningún momento recibimos el más mínimo indicio de salvedad" por parte de Deloitte, corroboró Gacía Fuster, que también fue senador y miembro de la Comisión de Control de Bancaja. García Fuster también reveló que el grupo financiero había sopesado modificar la participación de Bancaja tras la nacionalización de su participada, el Banco de Valencia.
No obstante, argumentó que finalmente no se encontró ninguna circunstancia que avalara que la participación del Banco de Valencia tenía un valor inflado anteriormente, por lo que se rechazó reducir el peso de Bancaja. Respecto a la reformulación de cuentas, Jorge Gómez señaló ante el juez que aceptó "hacerse el harakiri" y votar a favor porque no vio otra posibilidad para garantizar la viabilidad del gigante financiero, según las fuentes jurídicas consultadas.
Por su parte, García Fuster explicó que también apoyó la reformulación porque tuvo la "presunción" de que el Gobierno y el Banco de España apoyaban los nuevos criterios sobre las cuentas de 2011. La Audiencia Nacional empezó a investigar en julio el agujero de Bankia-BFA a raíz de una querella de UPyD (a la que siguieron el 15M y otras organizaciones), que acusa a los exconsejeros del grupo de estafa, administración desleal, apropiación indebida, falsificación de cuentas y maquinación para alterar el precio de las cosas.
Los 33 exconsejeros imputados a raíz de la querella de UPyD declararán en la Audiencia Nacional hasta el próximo 20 de diciembre, fecha en que lo hará el expresidente del grupo, Rodrigo Rato.
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