Pocas veces un discurso político había tenido un efecto tan considerable en los mercados. Las palabras del actual ministro de Fomento en funciones, Rafael Catalá, abriendo la puerta a un rescate de las radiales ha tenido un efecto inmediato en la deuda de las concesionarias, en especial para la R3 y la R5: el precio de la deuda se ha multiplicado por cuatro y cinco veces.
Así lo explican distintas fuentes financieras consultadas por Vózpopuli, involucradas en las operaciones: los bancos han pasado de pedir en torno a un 10% del valor nominal de la deuda hasta un 40% o 50%, lo que se acerca a la quita que se estuvo negociando con el Gobierno hace dos años.
Este repunte supone una gran ventana de oportunidad para todos los acreedores que todavía no han salido, incluidos los fondos que en los últimos años han comprado las posiciones de entidades salientes como Banco Sabadell, CaixaBank e Ibercaja. Al comprar con descuentos de en torno al 90%, podrían revender ahora al 30-40% del valor nominal, multiplicando por tres y cuatro veces su inversión.
A pesar de ello, los riesgos siguen estando ahí para los acreedores, ya que las palabras de Catalá no dejan de ser la voluntad de un ministro de Fomento en funciones, y todavía no está claro si se formará Gobierno o habrá terceras elecciones. Por ello, los bancos siguen convencidos de seguir deshaciendo su posición en esta deuda. Es clave el alto de consumo de capital que supone estos créditos, que en algunos casos superar el 100%. Por ponerlo en relieve, el consumo de capital que tiene una hipoteca es de apenas un 25%, por lo que la deuda de radiales estaba suponiendo un auténtico lastre en las cuentas del sector financiero.
Huida ante el bloqueo político
Los acreedores de las concesionarias en situación de concurso comenzaron a vender paquetes de deuda a fondos buitre después de que el plan del Gobierno para el rescate de las compañías se quedara bloqueado, principalmente debido a la oposición de las entidades internacionales.
El Ejecutivo alcanzó un principio de acuerdo con los principales acreedores y accionistas de las concesionarias para proceder a este rescate. Las líneas fundamentales contemplaban la asunción por parte del Estado de la deuda de las compañías, que se situaba por encima de los 4.000 millones de euros, con una quita del 50%. La mitad restante sería amortizada en un periodo de 30 años a través de un bono cuya rentabilidad iría en función de los tráficos registrados en las autopistas de peaje gestionadas por las concesionarias quebradas.
Los fondos que entraron hace unos meses en las radiales podrían salir ahora con plusvalías del 300%
El plan, aceptado en principio por acreedores y accionistas, quedó bloqueado cuando las negociaciones avanzaron y se determinaron las condiciones de la asunción de la deuda por parte del Estado. Uno de los principales problemas es que el Ministerio de Fomento pretendía limitar al 1% el efecto del incremento de los tráficos en el citado bono, cuando la afluencia de las autopistas de peaje está registrando subidas superiores al 6%. Esta circunstancia suponía que la quita teórica del 50% que estaban asumiendo las entidades se iba en términos reales al entorno del 80%.
La llegada de las elecciones generales de finales de diciembre dejó en suspenso el proceso y la posterior parálisis provocada por la imposibilidad de formar Gobierno dejó del asunto en un absoluto bloqueo, lo que fue aprovechado por algunos bancos acreedores para quitarse de encima el problema con la venta de la deuda a fondos.
La peculiar situación de la concesionaria Accesos de Madrid, responsable de las radiales R3 y R5 y de la circunvalación de Alicante y a la que un juez había ordenado abandonar definitivamente la concesión el pasado 1 de octubre, obligó al Ejecutivo en funciones a ponerse manos a la obra para evitar, por el momento, esta circunstancia y evitar que comenzara a ponerse en marcha el mecanismo de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA).
Los acreedores se negaron a aceptar una propuesta del Ejecutivo de Rajoy que suponía una quita real del 80%, pero sí estaban dispuestos a aceptar una del 50%
Tras alcanzar un acuerdo con las partes para extender el plazo para liquidar la concesión, Catalá aseguró que el Estado estaba dispuesto a hacerse cargo de las concesiones, aunque precisaría de algo más de tiempo, lo que justificaba la petición de prórroga al juez.
No obstante, hasta que no haya un Gobierno en firme no se sabrá a ciencia cierta qué sucederá con el resto de concesionarias. Las negociaciones siguen abiertas ante la posibilidad de que la situación política se desbloquee al fin y se pueda concretar el rescate que no fue posible antes del fin de la anterior legislatura.
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