Cabify, compañía conocida como el 'Uber español' y que se encarga de proveer servicios de transporte urbano bajo demanda a través de una app y con licencias VTC (licencias de transporte diferentes al taxi) actúa en fraude de ley en España, realizando incumplimientos graves a la Seguridad Social y a la hacienda pública, según opina la asociación Fedetaxi y el sindicato CCOO, que denunciaron a esta empresa este lunes ante el Ministerio de Fomento, un paso que ellos dicen es "previo a acudir a la justicia".
Los denunciantes han aportado a la inspección un contrato tipo firmado por uno de los exconductores de Cabify en el que se muestran condiciones que según ellos demuestran que "no cabe en ningún modo que el chófer se encuentre en el régimen especial de autónomos a la Seguridad Social (RETA) cuando debería de estar dado de alta en el Régimen General de la Seguridad Social y tener un contrato de trabajo en régimen laboral".
Cabify tiene una serie de sociedades constituidas -tal y como informó este diario- y con estas sociedades se agrupan autorizaciones VTC (con un mínimo de 7). Estas S.L. realizan el trabajo para Cabify y facturan a la matriz lo cual es "completamente legal" según asesores de Cabify consultados por este periódico: "Las cooperativas de autónomos están permitidas".
Sin embargo, la teoría de los denunciantes es que Cabify se estaría ahorrando las cotizaciones sociales, que suelen ser uno de los mayores gastos de cualquier empresa. Por su parte, Cabify ha respondido en la mañana del martes con un extenso comunicado que, por su amplitud, reproducimos en el cuadro verde inferior de la noticia.
Según la documentación que han enviado los taxistas y CCOO a la Inspección, esta sería la forma de funcionar de Cabify.
- En primer lugar "el chófer o conductor se da de alta en la declaración censal de la Agencia Tributaria, y en el epígrafe de 612 de la Sección Segunda de las Tarifas del IAE pone 'conductor profesional de vehículos terrestres'".
Cabify utiliza varios pasos para evitar pagar como si tuviera empleados laborales, aseguran los denunciantes
- En segundo lugar "cursa el alta del conductor en el RETA y se suscribe un contrato de colaboración mercantil con la empresa o autónomo de la red de Cabify titular de la VTC (MAXI MOBILITY TRANSPORTE DE VIAJEROS SL, u OTRA) a través de la que además compra el vehículo mediante de la financiera que Cabify determina y en el concesionario que le indica al precio que se le oferta".
- Por último, en tercer lugar "el conductor soporta todos los gastos de la actividad como si de un autónomo o empresa se tratase y trabaja en precario y sin derechos laborales. Este sistema permite a la 'Agencia de viajes' MAXI MOBILITY SPAIN SL, y a la red Cabify y las empresas titulares de las VTC (MAXI MOBILITY TRANSPORTE DE VIAJEROS SL, u OTRAS) competir de modo desleal (e incluso “salvaje”) al prescindir de los costes sociales de su red de conductores".
Bajo el punto de vista de los denunciantes, esta situación debe ser inspeccionada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y por la Inspección de Transportes Terrestres. Según ellos, este sistema "busca y realiza el fraude" y sobre él no se está produciendo ninguna inspección.
Vozpópuli se ha puesto en contacto con Cabify para obtener su respuesta ante esta denuncia pero no ha sido posible antes de la publicación de esta información.
Los precios que se pagan
Los conductores, aseguran, los demandantes, se encuentran "indefensos" con los contratos que firman con Cabify. Pero, ¿por qué les interesa entonces continuar? "En realidad sí que ganan dinero, si la licencia VTC cuesta 45.000, en dos años la pueden amortizar y desde entonces ya pueden ganar dinero", aseguran desde Fedetaxi.
Estas son las tarifas que paga Cabify, tal y como vienen incluidas en un contrato firmado entre la compañía y uno de sus conductores.
Tal y como relatan fuentes de la asociación de taxistas: "En el caso de una persona que no disponga de una serie de licencias VTC para explotar sino que usa las licencias de Maxi Mobility, la subodinación laboral es completa. Se trata a todos los efectos de empleados de la compañía que no pueden realizar otro tipo de actividades y hasta tienen el control de horarios
Conflicto internacional
En cualquier caso, en las últimas semanas parecen surgir las dudas, no solo en Europa sino en Estados Unidos, sobre si la nueva economía digital, colaborativa en algunos casos o meramente empresariale en otros, no está saltándose las normativas laborales. En Francia, por ejemplo, ha sido una organización encargada de vigilar por las correctas cotizaciones a la SS (Urssaf) quien ha dicho que en el caso de Uber "sí que hay subordinación" entre el empleador y el empleado y por tanto reclama a la norteamericana (con un sistema muy parecido al de Cabify) "varios millones de euros" para cubrir las cotizaciones que hasta ahora no se han pagado.
Cabify, tal y como recuerda el informe de Fedetaxi y CCOO, fue puesto en marcha por Seaya Ventures, un fondo íntimamente relacionado con BBVA. Como informó este diario, la compañía recibió una ayuda pública en forma de créditos blandos y con facilidad de pago próxima a los 400.000 euros por parte del Ministerio de Industria durante el año pasado dentro de un fondo turístico.
cabify explica así sus sociedades para vtc
Los transportistas que colaboran con Cabify lo hacen bajo un régimen de contrato mercantil de servicios, ya sean empresas o autónomos propietarios de flota de vehículos VTC, que presten el servicio directamente o mediante personal laboral contratado bajo el régimen general de la Seguridad Social de manera previa al inicio de su colaboración con la compañía.
- En este sentido, Cabify no da de alta a autónomos, sino que estos ya se han constituido como tales antes comenzar su relación contractual. Los transportistas que colaboran con Cabify no perciben un sueldo mensual, ni anual de carácter fijo de ésta, sino que sus ingresos son consecuencia de la facturación de las horas y servicios realizados. Con respecto a la remuneración de los empleados de los transportistas, si los tuvieran, Cabify exige a sus transportistas que cumplan con toda la normativa vigente en materia laboral, incluyendo, entre otros, el dar de alta a sus trabajadores en el régimen aplicable de la Seguridad Social, pagar en tiempo y forma a los empleados y estar al día en sus obligaciones laborales.
- Igualmente, el sistema de control de Cabify permite trazar absolutamente todos los cobros y pagos, que nunca se realizan en metálico, lo que unido a la exigencia contractual de cumplir con las obligaciones laborales y fiscales, eliminan la economía sumergida y la precariedad existente en otros segmentos del transporte urbano como el taxi.
- La relación contractual que une a Cabify con sus proveedores se fija bajo un contrato acordado por ambas partes. En las condiciones de este contrato, Cabify exige que losservicios cumplan unas condiciones de excelencia y calidad. Según datos internos de la compañía, el 92% de los clientes de la aplicación puntúa siempre con una puntuación de 5 sobre 5 (siendo 5 la mejor puntuación) el servicio que ofrecen los colaboradores.
- En cuanto a la aludida cláusula de exclusividad en los contratos de los transportistas, ésta es en realidad una cláusula de no competencia y se refiere al uso no concurrente de dos aplicaciones móviles, pudiendo los transportistas contratar con otros clientes y de hecho haciéndolo habitualmente fuera de su tiempo de disposición.
- Cabify no ha adquirido ni obtenido, ni adquiere, licencias VTC a la Administración. Cabify ha actuado como agente facilitador de compraventa de licencias entre terceros interesados en acceder al sector y otros interesados en desinvertir, siempre bajo el marco que establece el ROTT (Reglamento De La Ley De Ordenacion De Los Transportes Terrestres), y que en su última modificación de 20 de noviembre de 2015 obliga a adquirir paquetes de al menos 7 licencias para nuevos entrantes.
- Un 60% de los vehículos que presentan servicio a Cabify pertenecen empresas, mientras que el otro 40% son de autónomos, habiendo ambos grupos accedido por igual a autorizaciones VTC, ya sea mediante la intermediación de Cabify o mediante sus propios medios.
- Con respecto a los acuerdos que Cabify gestiona entre sus proveedores y los concesionarios y/o entidades bancarias, se trata de un interés mutuo de estas empresas por conseguir ventas o contratos y, por ello, ofrecen estas ventajas para los terceros.
- En relación a la estructura societaria de Cabify, la compañía aclara que siempre ha operado y opera bajo el marco legal existente, trabajando de la mano del regulador y las autoridades competentes para adaptar su servicio a la legislación vigente y garantizar un marco de competencia justo para todos los actores. La empresa, a diferencia de otras plataformas que se vienen denominando de "economía colaborativa", con las que nadatiene que ver Cabify, cuenta con las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas para la prestación del servicio y siempre se ha mantenido dentro de su ámbito de negocio respetando, como no puede ser de otra forma, los límites impuestos por la legislación aplicable.
- Asimismo, Cabify tiene su empresa matriz original en Delaware (EE.UU.), debido exclusivamente a su etapa inicial. La empresa recibió su primera ronda de financiación en 2011 por parte de inversores americanos en Silicon Valley, y uno de los requisitos para cumplimentar el acuerdo era tener una sede fiscal en EE.UU. De hecho, toda startup o empresa que tenga inversión proveniente de Estados Unidos usa una matriz en el continente americano con el fin de dar mayor tranquilidad y transparencia a los inversores locales. La elección de Delaware se debe a que es el estado norteamericano con mejores ventajas fiscales, por eso la mayoría de las startups ubican su sede fiscal allí. Dicho esto, a día de hoy la gran mayoría del capital es de accionistas españoles.
- Con independencia de la matriz original, en España Cabify opera a través de Maxi Mobility Spain SL, con la que cumple con todos los requisitos fiscales pertinentes, pagando todos los impuestos correspondientes en España, antes de reportar a la matriz.
- Por último, con respecto a las sociedades de Maxi Mobility Spain S.L constituidas en 2015 y mencionadas en la reclamación de Fedetaxi y FSC-CCOO, la compañía informa de que éstas están adscritas a licencias VTC para facilitar su transmisión a terceros, tal y como exige el marco regulatorio vigente.
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