El Tribunal General de la Unión Europea (TUE) ha confirmado este lunes las multas de 83,8 millones de euros a Cepsa y de 80,4 millones de euros a Repsol por liderar entre 1991 y 2002 un cártel para pactar los precios y repartirse el mercado del asfalto en España. La sentencia confirma la sanción impuesta por el Ejecutivo comunitario en 2007 y rechaza los recursos interpuestos por las petroleras españolas. Fuentes de Cepsa indicaron que la compañía ha recibido la notificación de la resolución y que se encuentra analizando su contenido. "Respetamos la decisión del tribunal", añadieron.
Cepsa y Repsol pedían la anulación de las multas o al menos la reducción de su importe y habían alegado la vulneración del derecho de defensa así como los errores de Bruselas a la hora de analizar las pruebas. El Tribunal General ha desestimado todos los argumentos y ha condenado a las compañías al pago de las costas.
Los jueces sí que han rebajado ligeramente las multas impuestas a otras dos empresas participantes en el cártel, la sueca Nynäs y la portuguesa Galp, por errores de apreciación de la Comisión. En el cártel participó también la británica BP, que se libró desde el principio de la sanción por haber sido la primera en delatar la existencia de este acuerdo legal.
La sanción total para el cártel que fijó la Comisión ascendía a 183 millones de euros. Afectaba en concreto al betún de penetración, utilizado para la construcción de carreteras y no sujeto a transformación posterior. El valor del mercado español de este producto en 2001, el último año completo de la infracción, fue aproximadamente de 286 millones de euros.
Reducen la multa de Galp
En una nota, Galp Energia indica que su multa ha sido reducida en un 4% por los jueces comunitarios, de 8,66 millones a 8,27 millones, después de que se hayan admitido parcialmente sus argumentos. Los 385.000 de la diferencia serán devueltos a Galp Energia, más los intereses devengados, indica.
Galp insiste en negar "categóricamente su participación en las reuniones y decisiones del cártel" y dicen haber prestado "siempre toda la ayuda que le ha sido solicitada por la Comisión Europea". Además, no ha visto necesario presentar ninguna solicitud de clemencia "en la medida que ninguna culpa tenía que asumir".
La compañía dice tener además "de forma constante y sin interrupción, una política comercial autónoma, en todos los mercados en los que opera", y sostiene que su actuación se realiza "de conformidad con la ley de competencia".
"En la certeza de una justa y completa anulación de la decisión, Galp Energia está a la espera del análisis jurídico de la decisión para que pueda decidir la mejor forma y manera de presentar el oportuno recurso, en última instancia, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea", añade.
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