La CNMC no se pone de acuerdo con el expediente de Atresmedia y Mediaset. El 'superregulador' lleva semanas debatiendo los términos de la sanción final que aplicará a las televisiones y es una realidad que las dos salas, la de Competencia y la de Regulación, no coinciden en todos los aspectos. Una falta de unidad que beneficia a ambos grupos audiovisuales.
Según explican las fuentes consultadas por Vozpópuli, si finalmente el expediente no se resuelve con unanimidad, los votos particulares que emitan los consejeros disconformes se convertirían en munición que las cadenas podrían utilizar en la Audiencia Nacional para tratar de cancelar o reducir la multa.
Y es que tal y como apuntó El Independiente, la vicepresidenta María Fernández, responsable de la Sala de Regulación, ha planteado la posibilidad de expresar sus discrepancias a través de la inclusión de un voto particular en el informe cruzado que elabora su sala que, según las fuentes consultadas, ya está listo.
En concreto, en este escrito se informa de si el caso afecta a las competencias de esta sala en el mercado audiovisual pero en ningún caso entra a valorar la sanción ni las posibles prácticas anti competitivas. Este informe cruzado es obligatorio por ley antes de formalizar la sanción definitiva y concluir el expediente, algo que podría ocurrir la próxima semana.
Un expediente complejo
La sanción a las cadenas pondrá punto y final a un expediente que lleva abierto en la CNMC desde hace más de un año. Fue en febrero de 2018 cuando el organismo que preside José María Marín Quemada anunció la apertura de una investigación a ambas cadenas por "posibles prácticas restrictivas de la competencia" en materia publicitaria.
La instrucción del caso fue pilotada por la Dirección de Competencia que encabeza Beatriz de Guindos. Ambas compañías, que recibieron la apertura de la investigación como una bomba, remitieron a este departamento una batería de compromisos (algo previsto en la ley) para evitar las multas. Fue entonces cuando Competencia sometió esta suerte de 'propósito de enmienda' a un market test (prueba de mercado) que dio la puntilla a las cadenas: De Guindos denegó los compromisos y abocó a ambos grupos a un 'multazo' que todo apunta que superará los 40 millones por cadena.
Contra esta decisión, ambos grupos presentaron sendos recursos ante la Audiencia Nacional que fueron igualmente tumbados. Aunque la CNMC establece un plazo máximo de 18 meses para la instrucción de los casos, en el caso de las teles se ha visto extendido unos meses más, si bien las cadenas ven inminente la resolución final.
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