La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha desmantelado varios cárteles formados por grandes y medianas empresas, así como algunas de sus patronales, que acordaban pactos secretos para repartirse los contratos de gestión de residuos y saneamiento urbano que licitaban los ayuntamientos.
Con sus tejemanejes implantaron una práctica concertada global de reparto de mercado. Unas a otras se protegían y respetaban sus clientes, además de repartirse los nuevos; compartían información comercial sensible (tipos de clientes, ofertas presentadas…); acudían de forma conjunta a las licitaciones para eliminar la competencia y manejar los precios de los servicios adjudicados y hasta llegaban a excluir a algunos de los ofertantes para posteriormente recompensarles con parte de las actividades; y usaban a las asociaciones sectoriales que dirigían para someter al resto de empresas asociadas a las leyes y prácticas concertadas de reparto de mercado de las grandes empresas.
Todas estas prácticas y algunas más las llevaron a cabo 39 empresas y tres asociaciones de gestión de residuos y saneamiento urbano entre los años 1999 y 2013.
Después de dos años de investigación, los servicios de Competencia de la CNMC, que han agrupado centenares de inspecciones en un único y demoledor expediente, han concluido que todas ellas cometieron "una infracción única y continuada del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia" que se plasmó en las conductas antes destacadas, señalan fuentes del superregulador.
Urbaser (ACS) y FCC se llevan las multas más altas por repartirse los contratos y bloquear la competencia en el negocio del saneamiento urbano
Por todo ello, la CNMC ha acordado imponer una multa total de 98,2 millones de euros a todas ellas. Del total de la sanción, unos 72 millones (cerca del 75% del total) han recaído en cinco grandes: Urbaser (ACS), FCC, Valoriza (Sacyr), Cespa (Ferrovial) y Saica.
La palma se la lleva la filial del grupo liderado por Florentino Pérez. Las prácticas ilícitas desarrolladas por Urbaser para mantener su posición de privilegio en los contratos con los ayuntamientos le han acarreado una multa récord de 23,3 millones de euros (casi un cuarto del monto total de las multas impuestas por la CNMC).
Le sigue FCC, otra compañía que tradicionalmente presta servicios de este tipo a ayuntamientos grandes y pequeños, con una sanción de 16,8 millones.
Estas grandes del sector sellaban "contratos y acuerdos bilaterales para la concurrencia en licitaciones públicas y otras actuaciones en determinadas áreas territoriales (Madrid, Málaga, Ceuta, Melilla y País Vasco). En muchos casos las estrategias eran puestas en común a través de la patronal Aselip (engloba a las cinco grandes), de forma que las empresas asociadas decidieron boicotear aquellas licitaciones de las Administraciones Locales que no se ajustaban a sus intereses", afirma la resolución de la CNMC.
De los 98 millones de multa conjunta, 72 millones van destinados a las cinco grandes que fueron las que más infracciones graves cometieron
Sólo en el Ayuntamiento de Madrid, el regulador ha podido acreditar "conductas anticompetitivas" en el contrato de limpieza viaria y jardinería por parte de FCC, Cespa y Urbaser, que se repartieron la licitación. O en el de residuos urbanos de la periferia, en la que actuaron de forma coordinada, y en el contrato de explotación de dos plantas de biometanización en Valdemingómez, al que acudieron con el pacto de no competir y repartirse el monto total de la adjudicación.
Hubo varios contratos de este tipo que superaron los 500 millones de euros, según fuentes de la CNMC. Uno de ellos, de 542 millones, lo adjudicó el ayuntamiento de Madrid para la recogida y procesamiento de residuos sólidos urbanos en la periferia.
Otro de los sistemas utilizados por las empresas para evitar la competencia y sacar la mejor tajada en los contratos fueron las Uniones Temporales de Empresas (UTE), "cuya finalidad no era otra que la del reparto de clientes finales así como las fuentes de aprovisionamiento", señala la CNMC.
También se han detectado varios escándalos en el área de recuperación de papel y cartón, gracias al papel jugado por la patronal Arema en Madrid, asociación también sancionada.
En definitiva, con el paso de los años se había creado una "práctica concertada global de reparto de mercado por el cual las empresas sancionadas respetaron los clientes de sus competidores, tanto públicos como privados", con lo que los grandes perjudicados eran los ayuntamientos y sus contribuyentes, los ciudadanos, que durante años han tenido que pagar más caros estos servicios por la falta de competencia a la hora de ser adjudicados.
Fuentes de la CNMC cifraron en el 3% del total de los ingresos obtenidos las cuantías de las sanciones, que van en función del lucro conseguido por los beneficiados.
ACS, FCC y Ferrovial recurrirán
Según fuentes cercanas a ACS, FCC y Ferrovial, estas compañías recurrirán ante la Audiencia Nacional la multa. Además, Sacyr también podría recurrir, según han indicado las mismas fuentes.
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