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Situación límite en la CNMC: el grupo rebelde boicoteará al presidente hasta la llegada del nuevo Gobierno

Seis de los diez miembros del regulador pedirán hoy la cabeza de Antonio Maudes, directivo de la máxima confianza del presidente, al considerar que ha entorpecido el funcionamiento de la CNMC. José María Marín Quemada no le dejará caer, lo que agravará un conflicto interno que amenaza con bloquear la institución hasta que se forme el nuevo Gobierno. Será el último episodio de una guerra en la que no han faltado acusaciones sobre la falta de independencia de algunos de sus consejeros y suspicacias sobre su supuesto trato de favor hacia los ‘lobbies’ energético u hotelero.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) celebrará este miércoles uno de los plenos más tensos de su historia, en el que volverá a escenificarse el conflicto que divide a sus consejeros desde hace varios meses y amenaza con desvirtuar el espíritu de la institución. Durante la sesión, seis de los diez miembros del Consejo exigirán al presidente la destitución del director de Promoción de la Competencia, Antonio Maudes, al considerar que ha sido desleal con el organismo y ha entorpecido su funcionamiento. José María Marín Quemada no dejará caer a este hombre de su máxima confianza, lo que agrandará la fractura interna e impulsará a los disidentes a bloquear la CNMC hasta que se forme el nuevo Gobierno.

La situación de incertidumbre que vive España ha contribuido a enquistar las diferencias existentes en el seno del regulador. El mandato de tres de sus diez miembros expiró el pasado septiembre, sin embargo, el Ejecutivo decidió aplazar la decisión con respecto a su futuro hasta que se clarificara el horizonte político y se conociera el nuevo inquilino del Palacio de La Moncloa. Entre estos tres consejeros, se encuentra Eduardo García Matilla, sobre el que existe una investigación interna en curso ante las sospechas sobre su falta de independencia. Este periodista forma parte de la facción del Consejo que plantará cara a Marín Quemada en la reunión de este miércoles, junto con Diego Rodríguez, Clotilde de la Higuera, Benigno Valdés, Fernando Torremocha y la vicepresidenta, María Fernández.

Los consejeros críticos acudirán a la Abogacía del Estado para denunciar la falta de independencia de la institución

Estos consejeros estallaron contra el director de Promoción de la Competencia después de que el 11 de marzo Marín Quemada hiciera públicas las conclusiones preliminares que incluye un informe sobre los nuevos modelos de economía colaborativa que surgió del departamento que encabeza Maudes y que analiza la situación en el mercado de empresas como Uber, Blablacar o Airbnb. El presidente lo hizo sin la aprobación del Consejo, lo que fue interpretado por el 'bando rebelde' como una grave falta de respeto a la institución y como una maniobra para desacreditar a los críticos.

La ley que regula el funcionamiento de la CNMC determina que es su presidente quien debe proponer al consejo el nombramiento y el cese de los directivos. Sin embargo, la norma también señala que cualquier asunto puede incluirse en el orden del día de un pleno si así lo exigen al menos seis de sus consejeros. En el caso de que Marín Quemada no acceda a destituir a Maudes -así ocurrirá-, los 'rebeldes' han asegurado que acudirán a la Abogacía del Estado para denunciar la falta de independencia de la institución.

Polémica sobre la relación con los 'lobbies'

La regulación del sector de la economía colaborativa no se considera como una prioridad dentro del regulador, donde se toman importantes decisiones sobre mercados de interés estratégico, como el energético o el de las telecomunicaciones. Sin embargo, este tema ha provocado fuertes diferencias entre sus componentes, según ha podido saber Vozpópuli a través de fuentes internas. La negativa de los consejeros críticos a aceptar las conclusiones del informe preliminar elaborado por la Dirección de Promoción de la Competencia ha vuelto a despertar suspicacias sobre la "excesiva consideración" que algunos de ellos demuestran hacia las grandes empresas o a los grupos de presión.

Quienes sospechan sobre los motivos que llevan a estos consejeros a actuar de esta forma recuerdan las reticencias que manifestó una parte de los mismos a la creación del registro de 'lobbies' que ha puesto en marcha recientemente el súper-regulador o a la instauración del buzón que permite a los ciudadanos y a las empresas denunciar las prácticas ilegales o contrarias a la competencia.

Los contrarios a Marín Quemada le recriminan el estilo personalista y autoritario con el que dirige la institución; y su tendencia a sembrar las dudas sobre la profesionalidad y la ética de algunos componentes del Consejo. Inciden en que, en el caso de no atender a la petición de cese de Maudes, "que refleja la opinión de la mayoría de los trabajadores" del organismo, habrá dado un paso más para "secuestrar" al regulador.

Ocho de los diez miembros de la CNMC fueron propuestos por el Partido Popular

En el asunto concreto del informe de economía colaborativa, le acusan de haber querido tramitarlo dentro de la Sala de Competencia, sin consultar al pleno, que era en su mayoría contrario a la forma en la que trataba asuntos como la liberalización del sector del taxi o la regulación sobre el alquiler de viviendas para uso turístico. Estos críticos inciden en que no es la primera vez que "el presidente ha querido saltarse al pleno" o arrebatar la exclusividad sobre un asunto a la Sala de Supervisión Regulatoria, donde los consejeros críticos constituyen una mayoría.

Cabe destacar que los seis miembros que plantarán cara a Marín Quemada en la reunión de este miércoles fueron propuestos por el Partido Popular en septiembre de 2013, cuando se constituyó el organismo. Entonces, el PSOE se negó a designar a sus consejeros ante la negativa de Alfredo Pérez Rubalcaba a negociar con los populares tras explotar el 'caso Bárcenas', lo que permitió a la formación conservadora nombrar a 8 de los 10 componentes del Consejo.

Ese hecho ha pesado en el seno del regulador desde que surgieron las primeras discrepancias con la línea de actuación elegida por su presidente, dado que sus defensores han acusado a los críticos de mostrar más interés en seguir los dictados de Moncloa que en velar porque las empresas cumplan las leyes del mercado.

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