La batalla por el control de Codere entre la familia fundadora, los Martínez Sampedro, con cerca del 20% del capital, y los fondos de inversión que tienen aproximadamente el 40% del grupo español de juego -Silver Point (21,79%); Abrams Capital (8,72%); Contrarian Capital (7,27%)-, está aflorando contratos de asesoría con empresas vinculadas a unos y otros que difícilmente pasan el filtro de transparencia y remuneración encubierta exigible a una compañía cotizada.
Vozpópuli ha podido confirmar que los fondos de inversión que ahora controlan la gestión de Codere ampliaron el pasado día 12 de enero un contrato por importe de hasta 2,6 millones de dólares con una sociedad vinculada al nuevo consejero delegado del grupo, Vicente Di Loreto. El contrato no ha sido comunicado con precisión a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
En la tensa reunión del consejo de administración del pasado 12 de enero en la que fueron cesados como presidente y vicepresidente los hermanos José Antonio y Javier Martínez Sampedro, los fondos de inversión capitaneados por Silver Point cancelaron un contrato de asesoría que mantenía el grupo con una sociedad vinculada al exministro Pío Cabanillas por el que facturó 0,7 millones de euros en dos años; Cabanillas y los hermanos José Antonio y Javier son los representantes en el consejo de administración de la multinacional del capital que sigue manteniendo la familia fundadora.
La consultora G3M fue creada por Di Loreto en 2012, tras dejar Codere, y fue contratada por los fondos enfrentados a Martínez Sampedro
El Informe de Gobierno Corporativo y el de Remuneraciones del ejercicio 2017 de Codere, publicado la pasada semana por la CNMV, incluye la cancelación de ese contrato que el grupo mantenía con la sociedad ProTV, de Pío Cabanillas, y que se decidió en el consejo del pasado 12 de enero. Pero oculta la renovación y ampliación de otro contrato firmado con la sociedad G3M, de la que es accionista Vicente Di Loreto, impuesto como nuevo consejero delegado del grupo ese mismo día por los fondos de inversión.
El contrato con la empresa vinculada a Di Loreto, al que se han opuesto los tres consejeros presentes en el consejo de administración de Codere en representación de la familia Martínez Sampedro, contempla el pago de hasta 2,6 millones de dólares, entre fijo y variable condicionado al cumplimiento de ciertos objetivos, de acuerdo a fuentes cercanas a la compañía.
Di Loreto creó con otros dos socios argentinos la firma G3M, domiciliada en Uruguay, en el año 2012, tras abandonar Codere, compañía en la que había estado trabajando desde 2004 dirigiendo el negocio del grupo en Latinoamérica. La consultora G3M nació con el objeto de asesorar a empresas del sector del juego, y fue contratada por los fondos de inversión estadounidenses que entre 2014 y 2016 se hicieron con el control de la compañía española tras refinanciar la deuda de más de 1.100 millones de euros del grupo, que a punto estuvo de llevarla al concurso de acreedores.
Un juzgado mercantil de Madrid ha admitido a trámite demanda contra los fondos presentada por la familia fundadora del grupo de juego
Cuando en abril de 2016 finalizó el arduo proceso de refinanciación de Codere, los fondos y los Martínez Sampedro acordaron la creación de un Comité de Supervisión pilotado por Silver Point y Abrams Capital, que podrían apoyarse para cumplir sus funciones en una asesoría externa. En base a ese acuerdo, los fondos firmaron en febrero de 2017 un contrato de consultoría con G3M por importe de hasta dos millones.
De acuerdo a fuentes cercanas a la compañía, el nuevo contrato firmado con G3M contempla el pago de un fijo de 85.576 dólares mensuales y un variable de 1,66 millones de dólares. Di Loreto, aseguran fuentes cercanas al consejero delegado de Codere, habría abandonado las funciones ejecutivas de G3M al ser designado en su nuevo cargo el pasado 12 de enero, aunque se mantendría como accionista de la empresa.
El Informe de Gobierno Corporativo de Codere del ejercicio 2017 explica que durante el proceso de reestructuración financiera, "se acordó y fue autorizado por el Consejo de Administración en sesión de 2 de febrero de 2016, (...) que un Comité Supervisor formado por los mayores acreedores de la Sociedad, supervisara el funcionamiento de la Sociedad con posterioridad a la reestructuración, para lo cual podrían contratar asesores y consultores". Y añade que el responsable de los pagos sería el Comité, pero que sería Codere quien debía correr con los gastos.
Sin embargo, el mismo informe, y también el Informe de Remuneraciones de Codere del ejercicio 2017, oculta que los fondos, a quien han contratado para llevar a cabo ese servicio de supervisión, es la sociedad G3M, así como la vinculación existente entre la firma y Vicente Di Loreto. Fuentes cercanas a la compañía sostienen que el contrato ha sido debidamente comunicado al consejo de administración cumpliendo con las normas exigibles de transparencia.
Demanda admitida
La familia Martínez Sampedro, a raíz del golpe de los fondos de inversión en Codere formalizado el pasado 12 de enero, han iniciado una batalla legal con el propósito de anular las decisiones tomadas ese día en el consejo de administración.
De acuerdo a fuentes conocedoras del proceso legal, un juzgado mercantil de Madrid en el que se ha interpuesto una demanda por parte de la familia Martínez Sampedro contra las decisiones de los fondos de inversión, ha sido recientemente admitida a trámite.
Los Martínez Sampedro, que han contratado al despacho B. Cremades & Asociados, también ha presentado una demanda en la Corte Internacional de Arbitraje de París con el mismo objetivo. Los fondos de inversión han contratado al conocido bufete estadounidense Boies Schiller Flexner.
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