El Gobierno colombiano puso unas exigentes condiciones a Gas Natural para que esta pudiera recuperar la gestión de su filial Electricaribe, intervenida desde mediados del pasado noviembre. Entre otras cuestiones, el Ejecutivo de Juan Manuel Santos estimó que la viabilidad de la empresa pasaba por inversiones superiores a los 700 millones de euros hasta 2024. Mientras, el grupo español se mantuvo firme en sus posiciones: ni un euro más hasta no contar con garantías para luchar contra la mora y el fraude.
La Superintendencia de Servicios colombiana solicitó a los interventores de Electricaribe diversos informes para determinar la situación de la compañía, después de que el Gobierno tomara la gestión de la empresa ante el temor de que su delicada situación financiera derivara en problemas con el suministro eléctrico en la región donde opera la filial de Gas Natural.
De acuerdo con el documento en el que la Superintendencia ha resuelto la liquidación de Electricaribe, al que ha tenido acceso Vozpópuli, los informes revelaron que bajo determinados supuestos de inversión a corto y largo plazo, la viabilidad financiera de la eléctrica no estaba garantizada y, con ella, tampoco el suministro de energía a una población de 2,5 millones de habitantes.
Los informes que obtuvo la Superintendencia concluyen que con un supuesto de inversión anual de 264.000 millones de pesos colombianos (unos 82 millones de euros) entre 2017 y 2020 "habría un deterioro progresivo de los indicadores de calidad y continuidad del servicio".
Inversiones contra garantías
La proyección financiera a largo plazo de Electricaribe, reflejada en los citados informes, contemplan determinados supuestos de inversión entre 2017 y 2024 que totalizan algo más de 2,25 billones de pesos (por encima de los 700 millones de euros). Bajo estos supuestos, los informes aseguran que la filial de Gas Natural tendría flujos de caja negativos hasta 2021, condiciones en las que la compañía "no estará en capacidad de realizar las inversiones necesarias para garantizar la calidad y continuidad del servicio en las condiciones exigidas por la ley, ni cumplir con sus obligaciones mercantiles".
Tras los dos primeros meses de intervención, el Gobierno colombiano aseguró que ya tenía claro cuál era el problema de Electricaribe y cuál era la decisión que debería adoptar. Con estas cifras se presentaron en las negociaciones con Gas Natural para trasladarles que sin esta inversión, su futuro en Colombia era más que incierto.
Gas Natural se negó en redondo a comprometer cualquier inversión adicional, ni muchos menos unas tan exigentes, si el Ejecutivo local no le aseguraba el establecimiento de un marco legal que le permitiera combatir con firmeza problemas como los de la morosidad y el fraude, que son los que habían llevado a Electricaribe a esta situación.
Rentabilidad imposible
El grupo que preside Isidro Fainé no estaba dispuesto a que la espectacular cartera de mora que arrastra en Colombia, superior a los 1.200 millones de euros, siguiera creciendo y, además, a costa de nuevas inversiones que serían imposibles de rentabilizar en estas condiciones.
En el comunicado remitido este martes por Gas Natural tras la decisión de Colombia de liquidar Electricaribe, la compañía recuerda que su esfuerzo inversor desde el inicio se cifra en algo más de 800 millones de euros. Un movimiento que ha tenido como resultado el mencionado agujero y, además, cero dividendos.
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