El conflicto de Air Europa con sus auxiliares de vuelo, unos 1.500 profesionales con contratos eventuales a los que la compañía va a convertir en indefinidos pero reduciéndoles los días trabajados por año, sigue adelante en medio de posiciones enfrentadas entre los trabajadores, que no mantienen una posición unitaria, y la empresa. La aerolínea de Juan José Hidalgo ha conminado a los tripulantes de cabina de pasajeros (TCP) a firmar sus nuevos contratos con la empresa este miércoles, jueves y viernes en un hotel de Madrid. Unos nuevos contratos que bajarían sus sueldos, sobre todo de los más veteranos, y además les impedirían trabajar en otras empresas del sector durante los meses en que están fuera de la compañía.
Este es uno de los puntos más perjudiciales para los trabajadores según los sindicatos: la imposibilidad de emplearse en otras compañías del sector sin pedir permiso a la empresa. "¿Como me aseguraría mi sustento si a partir de ahora trabajaría sólo 101 días al año y no pudiera dedicarme a nada el resto del tiempo salvo que las compañía me dejara", comenta un auxiliar afectado.
Con la huelga sonando como una opción entre muchos de los TCP afectados, las estrategias de defensa de estos se están sin embargo dividiendo. Un grupo de profesionales ha recurrido al exfiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo, que propone una vía penal contra la aerolínea. Otro grupo está dispuesto a aceptar las condiciones de la empresa. Por su parte, los afiliados a los sindicatos mayoritarios, USO, Comisiones Obreras y Sitcpla, aún confían en que la negociación de los delegados con la compañía llegue a buen puerto y se eliminen algunas de las cláusulas más polémicas. Comisiones, que no es el sindicato mayoritario en esta compañía, ha puesto el caso en manos de Enrique Lillo y su equipo jurídico. Lillo es un experimentado abogado laboralista de CC OO, con una amplísima experiencia defendiendo casos pero que en los últimos meses ha conseguido uno de sus grandes logros: doblegar a la mismísima Coca-Cola Iberian Partners con un recurso muy medido ante la Audiencia Nacional que consiguió que el tribunal anulara el ERE de la compañía.
Evitar la vía judicial
El caso de Air Europa es completamente diferente, destacan en el sindicato, ya que aquí está tratandose de alcanzar un acuerdo "que siempre es mejor que un pleito". Sin embargo, sí que reconocen que el equipo de Lillo, ya que él no trabaja solo, tendrá mucho trabajo "si la empresa cumple con algunas de las amenazas que está haciendo ahora, como la de despedir a los empleados más antiguos". Si la empresa sigue por esa línea, opinan, habrá que pleitear y entonces "tendrá muy complicado justificar excedentes de plantilla mientras está contratando personal en América Latina".
Incluso los propios rivales laboralistas de Enrique Lillo y su equipo han reconocido el buen hacer en el caso de Coca-Cola
Ya desde marzo, Hidalgo está contratando auxiliares de vuelo en países de América Latina como la República Dominicana que sustituirían al personal español. Tanto esto como la obligación de que firmen los nuevos contratos se entiende por parte de los sindicatos como una presión para que firmen el nuevo convenio colectivo. "Es una chulería de poco recibo, no tiene sentido forzar la máquina de esta manera y además no es la primera vez que lo hacen", cuentan fuentes sindicales. Sin embargo, reiteran -y es una doctrina clásica del propio Lillo- tratarán de llegar a una cuerdo hasta el final. Muchos TCP, sin embargo, ya son de la idea de que sólo conseguirán sus objetivos con una huelga, tal y como han anunciado este mismo jueves trabajadores de tierra de Ryanair en Barajas.
El reciente éxito del equipo jurídico capitaneado por Lillo en Comisiones Obreras lo convierte en un profesional muy respetado incluso entre sus propios rivales laboralistas. En el caso de Coca-Cola, los argumentos que la AN aceptó fueron los siguientes: no informó del cambio de empresario a los representantes de los trabajadores, omitió un plan industrial en el que se explicase a los representantes de los trabajadores cómo se organizaría la producción tras el despido colectivo y, por último, vulneró el derecho a la huelga, por las prácticas de esquirolaje que se produjeron en el embotellador madrileño Casbega, a donde la empresa mandó camiones con mercancía desde otros puntos de España para evitar problemas en el suministro por la huelga indefinida decretada desde finales de enero en la planta de Fuenlabrada. Con tanto incumplimiento, el derecho a huelga quedaba "vaciado" y el despido colectivo se tiró para atrás.
