La normativa que establece en 60 días el plazo máximo para el pago a proveedores no parece existir para el sector de la gran construcción. Es la conclusión que se extrae de un informe elaborado por la Plataforma Multisectorial (PMcM) contra la Morosidad, asociación que representa a más de un millón de empresas y 4,5 millones de trabajadores, que se ha presentado en el Congreso de los Diputados.
Las cifras del documento elaborado por la PMcM son más que significativas, ya que algunas compañías cuentan con un plazo medio de pago próximo al año y medio, es decir, nueve veces el máximo previsto por la ley.
El estudio presentado en la Cámara Baja apunta a Ferrovial como la compañía que presenta peores cifras en este capítulo, con una media de pago de 536 días. Le sigue Acciona, con 425 días; y completa el particular podio Sacyr, con 337 días de media. Los otros tres grupos del sector que cotizan en el Ibex 35 presentan cifras similares entre ellos, en torno al medio año. Así, FCC tarda una media de 195 días en pagar a sus proveedores, por los 188 días de ACS y los 184 de OHL, la más 'eficiente' en este capítulo.
Todas las constructoras han visto reducido el tiempo medio de cobro de parte de la Administración
El presidente de la PMcM, Antoni Cañete, ha apuntado además que la mayor parte de estas compañías han incrementado en el último año su periodo medio de pago mientras que, por el contrario, casi todas han visto cómo se acortaban los plazos de cobro de parte de las Administraciones.
Sin ir más lejos, Ferrovial pasó de un periodo de cobro medio de 38 días en 2013 a 34 días en 2014. En el caso de Sacyr, la media de cobro se redujo un 13%, hasta 125 días. FCC y ACS también vieron reducido el tiempo medio de cobro de parte de la Administración.
El estudio presentado por la PMcM ha sido avalado por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y ha contado con la colaboración del profesor Oriol Amat, que recientemente finalizó su mandato de cuatro años como consejero de la CNMV.
Cañete precisó que la Plataforma se puso en contacto con las compañías para que realizaran precisiones o matizaciones sobre el estudio, sin haber recibido respuesta alguna al respecto.
La PMcM pretende aprovechar la cercanía de las elecciones generales para que los partidos incluyan en sus programas medidas para hacer cumplir la ley. El siguiente paso será denunciar la situación ante la Comisión Europea.
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