Iberdrola y Gas Natural son, con gran diferencia, las dos compañías preferidas por el Gobierno de Mariano Rajoy como suministradores de electricidad para los diferentes ministerios.
En sus dos años en el poder, el Ejecutivo popular ha resuelto, de acuerdo con los datos publicados en el BOE, más de 210 adjudicaciones para proporcionar luz a diferentes organismos de la Administración General del Estado. Y, tras un análisis de los resultados, la conclusión es evidente: las dos grandes ganadoras han sido, por este orden, Iberdrola y Gas Natural, que son también las dos grandes empresas españolas del sector. Entre ambas acaparan casi el 70% de los contratos.
Son cifras aproximadas, porque el BOE no recoge el resultado de todas las licitaciones que se han convocado hasta ahora. Además, es difícil precisar con exactitud cuánto dinero hay en juego y cómo se ha repartido, dado que el desglose de los contratos, cuando hay varios adjudicatarios, no siempre está disponible.
Es lo que ha ocurrido con las dos mayores licitaciones resueltas hasta ahora por el Ejecutivo de Rajoy: un acuerdo marco para el suministro al Ministerio de Defensa que tenía un presupuesto base de licitación de más de 195 millones de euros y un contrato de suministro a la Confederación Hidrográfica del Segura con un valor estimado de 24,3 millones.
En cualquier caso, sumando esas cifras a los contratos de cuyo importe sí hay datos exactos, la cifra adjudicada por el actual Gobierno a las eléctricas es muy significativa, de alrededor de 370 millones de euros.
Así, de esos más de 210 lotes, Iberdrola se ha adjudicado cerca de 80 (38% del total), incluyendo la licitación más importante de cuyo desglose existe desglose, un macrocontrato del Ministerio de Agricultura para suministrar energía a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, un organismo autónomo que abastece de agua a 2,4 millones de habitantes de las provincias de Murcia, Alicante y Albacete.
Por su parte, Gas Natural Fenosa se ha hecho con 63 contratos, de los que el de mayor importe (más de 12 millones de euros) corresponde al adjudicado por el Ministerio del Interior en agosto pasado para suministrar luz a las cárceles españolas.
Ambas empresas también copan las adjudicaciones de entes autónomos (no adscritos a ningún ministerio) como la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Tribunal de Cuentas, el Constitucional o la empresa pública de gestión de residuos radiactivos, Enresa.
En tercer lugar en el ránking, muy rezagada (con 22 lotes), aparece Endesa, que es la segunda eléctrica en España, aunque, como ya se ha encargado de destacar en público (y en sede parlamentaria, aunque sin nombrarla directamente) algún miembro del Ejecutivo de Rajoy, ya no es de capital español sino italiano.
Un dato curioso: a la eléctrica que preside Borja Prado no le ha caído en estos dos años ningún contrato del Ministerio de Economía, encabezado por Luis de Guindos (que fue consejero de la empresa hasta su nombramiento), ni del de Agricultura, que pilota Miguel Arias Cañete, cuyo hermano fue alto directivo de la eléctrica hasta hace algo menos de dos años.
Entre las razones que podrían explicar la aparente marginación de Endesa como contratista de la Administración General del Estado está el hecho de que, en Madrid, las dos principales distribuidoras son, precisamente, Iberdrola y Gas Natural, mientras que la zona de influencia de Endesa corresponde principalmente a regiones periféricas: Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Cataluña y Extremadura.
Sin embargo, el dominio de Iberdrola y Gas Natural como distribuidoras en la zona centro no ha impedido a dos empresas minúsculas, dedicadas a la comercialización de electricidad, hacerse un hueco relevante como contratistas públicos: la catalana Aura Energía (que en tiempo récord se ha consolidado como un importante suministrador de la administración estatal, autonómica y municipal), con 17 contratos de la Administración General del Estado, y una empresa sevillana, OnDemand Facilities, con nueve.
Por departamentos, los licitadores más activos son los ministerios de Empleo y Hacienda, que han resuelto más de un centenar de contratos para el suministro eléctrico de las distintas delegaciones de la Seguridad Social y Agencia Tributaria, respectivamente.
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