Hablamos con el teléfono. Le pedimos que nos diga qué tiempo va hacer el fin de semana, la mejor ruta para ir de un punto a otro, o a qué hora y en qué canal se puede ver el partido de fútbol de nuestro equipo favorito.
Todo parte de lo que se denomina como PLN (Procesamiento del Lenguaje Natural), algo que empresas como Apple, Amazon o Microsoft ya han incorporado en sus respectivos asistentes virtuales: Siri, Alexa o Cortana.
Se trata de conseguir que las máquinas entiendan el lenguaje humano, pero de una forma natural. Es decir, hablar con un ordenador o un teléfono con la misma fluidez que haríamos con un amigo. Con la misma jerga, giros verbales y cambios en la entonación. Todo gracias a la Inteligencia Artificial.
El Gobierno, a través del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, se ha puesto manos a la obra y trata de conseguir liderar el desarrollo del Procesamiento del Lenguaje Natural en castellano. De generar un sistema de tecnología de voz avanzado.
El objetivo, según el Ministerio, es desarrollar una industria con un potencial muy grande -hay 500 millones de personas que hablan castellano- y además ofrecer unos mejores servicios públicos. En la actualidad hay a quien le desespera hablar con máquinas. Es un sistema mecanizado, que no está basado como debería en la semántica, lo que provoca muchos malentendidos a la hora de gestionar citas o cualquier otro proceso burocrático. Algo que se puede reducir exponencialmente con el plan impulsado por el Ejecutivo.
Sectores como la Sanidad, Educación o Justicia mejorarán sustancialmente el servicio ofrecido. Pensemos, por ejemplo, en un informe clínico. Un médico podrá elaborarlo mientras el sistema de Procesamiento de Lenguaje Natural incluye en el mismo enlaces extraídos de internet que ayudan a comprender mejor el documento, tanto por parte de otros facultativos como por parte del paciente. Enlaces que se incluirán de forma automática y con la seguridad de que son de fuentes completamente fiables.
Oportunidades
El desarrollo del castellano en el mundo de las nuevas tecnologías respecto al inglés es mucho menor. Por cada siete aplicaciones desarrolladas en inglés sólo hay una en castellano. Un hecho que pone de relieve las oportunidades que tiene el desarrollo de sistemas de Procesamiento del Lenguaje Natural. El Gobierno también contempla en este plan el resto de las lenguas oficiales de nuestro país.
La aplicación del Procesamiento de Lenguaje Natural no sólo se circunscribirá por ello al sector público. El Gobierno quiere que esté abierto a que empresas y organizaciones lo utilicen también para generar aplicaciones, productos y servicios cuando esté maduro.
90 millones de euros de presupuesto
Para conseguir un desarrollo más rápido de tecnologías del lenguaje natural, el Gobierno ha habilitado un presupuesto de 90 millones de euros para los próximos cinco años.
No hablamos sólo, ni mucho menos, de la capacidad de entender el lenguaje cuando sea pronunciado, que también, sino de que haya una semántica mucho más profunda.
Hoy en día la mayoría del contenido informativo se produce en formato electrónico (textos, audio, vídeo, mediciones), y está orientado a ser comprendida por humanos (libros, textos complejos, fotografías, películas, música, etc.), no por máquinas. El desarrollo de las tecnologías del lenguaje pretende crear un ecosistema con aplicaciones y herramientas que permitan a un ordenador interpretar esos datos y así agilizar el proceso de búsqueda, estructuración y procesamiento de la información, como hemos ejemplificado en líneas anteriores.
Compra pública para agilizar el proceso
Para impulsar el desarrollo de tecnologías para el procesamiento del lenguaje natural, el Ministerio ha creado un instrumento denominado CPI (Compra Pública de Innovación).
Básicamente se trata de adquirir bienes y servicios que no existen o que pueden desarrollarse en un período de tiempo razonable y que ayudarán al mejor desarrollo del plan para conseguir el objetivo: mejorar el Procesamiento del Lenguaje Natural.
Esa compra, en cualquier caso, se producirá siempre y cuando los desarrolladores de las tecnologías cumplan con los requisitos que marque la administración pública.
