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Las cuentas de la discordia: Popular pierde 15.500 millones en un año

Tras los ajustes anunciados por Santander, Popular pierde 15.500 millones desde la polémica ampliación de capital de junio de 2016. Grandes inversores ven paralelismos con el caso Bankia y argumentos para cargar contra los antiguos gestores del banco y contra el auditor, PwC.

¿Quién mató a Banco Popular? Como en una novela negra de Reyes Calderón (consejera independiente del banco), la trama del rescate del Popular va dejando distintos sospechosos en cada nuevo capítulo. Tras los primeros episodios centrados en la crisis de liquidez, el foco se ha puesto esta semana en la solvencia. Sobre todo tras los resultados anunciados por Santander este viernes: su nueva filial perdió más de 12.000 millones en los seis primeros meses de 2017. Algo que va a acelerar todavía más las demandas de grandes inversores.

Los números rojos van más allá desde la ampliación de capital de junio de 2016. Desde entonces, las cuentas de Popular han sufrido unas pérdidas de más de 15.500 millones. Frente a estas cifras, la documentación de esta polémica ampliación pronosticaba unas pérdidas de 2.000 millones en 2016 y una normalización de la rentabilidad a partir de 2017.

¿A qué se debe este desvío de 13.500 millones? ¿Cómo una entidad que amplía capital para sanearse colapsa unos meses después? ¿Cuál es la responsabilidad de los gestores? ¿Y de los auditores (PwC)? ¿Y de los supervisores (BCE, Banco de España y CNMV)? ¿Qué llevó a Popular a la resolución: la falta de solvencia o de liquidez?

Éstas son preguntas que van a llegar a los tribunales en las decenas de demandas que están presentando inversores (accionistas y bonistas) que han perdido su dinero en Popular. Sobre la última, hay un dicho financiero que reza que una crisis de solvencia es un cáncer y que la iliquidez es un infarto. Y sobre Popular la visión más extendida es que el cáncer, y un mal diagnóstico del mismo, llevaron al infarto. 

Los gestores

Cada una de estas crisis tuvo un protagonista dentro del equipo gestor del Popular. La de solvencia pone en el foco a Ángel Ron. Tal y como señaló el ministro de Economía, Luis de Guindos: "Que algo ha fallado está claro. Pero igual habría que mirar más en la propia entidad, no en el Gobierno, ni el Banco de España, ni la CNMV, que no determinan las decisiones de una entidad a lo largo del tiempo. Banco Popular hace 15 años era ejemplar. Yo tengo mis planteamientos de lo que se ha hecho bien y se ha hecho mal". Fue hace 15 años cuando Ron tomó el control de Popular, primero como consejero delegado, y después como presidente.

Entre lo que se achaca a Ron está haber metido tarde al banco en el ladrillo; equivocarse con la compra de Pastor sin ayudas; y negarse a traspasar activos a Sareb en 2012. Y, tal y como adelantó este medio, hay documentos en los tribunales que apuntan a que la entidad llevaba años practicando una política de refinanciaciones suicida.

José Antonio Álvarez, consejero delegado de Santander, en la presentación del viernes.

Otra mala señal de lo que venía de Popular es que Santander se ha visto forzada a elevar su morosidad  del 14,9% de marzo (antes de la compra) al 20%. Detectó esta desviación en apenas un mes. Su consejero delegado, José Antonio Álvarez, explicó este viernes que no se debía al numerador (que estuvieran tapando créditos dudosos) sino al denominador. Es decir, Popular incluía dentro de su base de créditos algunas emisiones de renta fija, de forma que se amortiguaba la subida de la morosidad. No es una práctica ilegal, pero no es muy frecuente. El último caso que ha transcendido parecido es el de Caja Madrid antes de la fusión con Bankia.

Los defensores de Ron argumentan que, con sus errores, el banquero había reconducido la situación del Popular con la ampliación de capital y habría podido salvarla de no ser por la guerra del consejo, iniciada por los mexicanos Del Valle y la consejera Calderón. Ésta será su línea argumental una vez lleguen casos a los tribunales, que contrasta con las pérdidas de 15.500 millones.

El papel de Saracho y la liquidez

Ron dejó la presidencia del Popular a finales de febrero, traspasando el timón a Emilio Saracho. En el sector hay unanimidad en que, en apenas tres meses y medio, el banquero de inversión confundió al mercado y fue incapaz de apaciguar los ánimos entre los clientes. La fuga de depósitos fue insalvable para la entidad.

Por ello, ya hay abogados poniendo el foco en Saracho y su gestión de los últimos meses de Popular. Echó más leña al fuego el subgobernador del Banco de España, Javier Alonso, en unas jornadas en Santander, dando a entender que el banquero de inversión madrileño no pidió toda la liquidez de la que podía disponer Popular.

El subgobernador del Banco de España, Javier Alonso, en unas jornadas en Santander.

Sea como fuere, el hecho es que desde que Popular fue rescatado en la madrugada entre el 6 y el 7 de junio, se ha hablado mucho más de la crisis de liquidez que de la de solvencia. Algo que desde el entorno de Saracho se ve como una cortina de humo, para que el caso no se centre en el papel de gestores, auditores y supervisores en los últimos años.

Junto a Ron y Saracho, PwC está también en las primeras querellas presentadas en los tribunales, por su auditoría del Popular en las últimas décadas. Los denunciantes ven ilógico que esta firma aprobara unas cuentas con ganancias en la ampliación de junio de 2016 y también haya dado el visto bueno a las pérdidas de 3.600 millones de 2016 y a los números rojos de 12.000 millones, cuyas cuentas no se formulan hasta septiembre.

El auditor y los supervisores

A su favor está que la auditora puso párrafos de énfasis (advertencia no vinculante) en todas las cuentas del Popular desde la misma ampliación. También puede argumentarse que parte de los impactos que provocan las pérdidas de 12.000 millones son fruto de la resolución, no de un agujero oculto: las provisiones podían haber sido inferiores a 7.200 millones; el fondo de comercio de Pastor y el software no desaparecerían si hubiera seguido en solitario Popular; y se podían haber salvado más créditos fiscales (Santander mantiene 3.000 de los 5.000 millones).

En línea con los auditores, las críticas también apuntan a los supervisores: Banco de España hasta 2014 y el Banco Central Europeo desde entonces; y a la CNMV, por no parar las posiciones bajistas que aceleraron la fuga de depósitos. Aunque todavía nadie ha apuntado judicialmente a los reguladores, el caso Bankia acabó derivando en imputaciones (de momento archivadas) para Miguel Ángel Fernández Ordóñez y Julio Segura. En el caso del Popular, su crisis es un terremoto cuyas réplicas todavía no se sabe dónde van a llegar.

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