El nuevo aplazamiento de la reforma energética que el ministro de Industria, José Manuel Soria, había prometido para la primera quincena de este mes da algo de margen al sector para intentar mitigar el golpe que se ha sugerido en los últimos días (eso sí, sin ninguna confirmación oficial), a través de una batería de impuestos y tasas a las diferentes tecnologías de generación eléctrica.
De momento, la reforma se queda en minirreforma. El real decreto de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad incluye algunas disposiciones relacionadas con el problema del déficit de tarifa eléctrico. Entre las más relevantes, figura la eliminación de la revisión trimestral de los peajes (costes regulados) "para evitar que los consumidores se vean sometidos, antes de que las medidas adoptadas puedan desplegar su plena eficacia, a nuevas revisiones de los peajes de acceso que luego puedan revelarse innecesarias". Así, el Gobierno se evita tener que fijar los costes regulados del sector (los citados peajes) cada tres meses. Podrían fijarse una vez al año (aún está por definir) y sólo se actualizarían las tarifas en función del coste de la energía, que está liberalizado.
Además, para "dar una señal de precio energético a los consumidores", se aplicarán "criterios de progresividad", para incentivar que quien más consuma, más pague. La medida está en línea con lo que recomienda la UE.
El real decreto también abre la puerta a que los usuarios paguen un precio distinto por el suministro eléctrico en función de su lugar de residencia. Los tributos que comunidades autónomas o ayuntamientos impongan a las instalaciones de generación (por ejemplo, parques eólicos y centrales nucleares hidroeléctricas) deberán repercutirse exclusivamente en esa región a través de un suplemento en los peajes de acceso. El objetivo es, por un lado, evitar que los tributos que impongan las regiones acaben encareciendo el conjunto de costes del sistema eléctrico; y, por otro, allanar el camino a la batería de medidas tributarias que quiere imponer el Gobierno central a las diferentes tecnologías de generación.
La norma aprobada este viernes también recorta algunos costes regulados (en concreto, la actividad de transporte y los sobrecostes de los sistemas eléctricos aislados), aumenta el tipo de interés del déficit de tarifa acumulado en el ejercicio 2006 y modifica la naturaleza del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), que en abril ya sufrió un recorte de 600 millones procedentes del remanente de ejercicios anteriores. El IDAE pasa de ser un entidad pública empresarial a convertirse en medio propio instrumental y servicio técnico de la Administración; se "clarifican sus fines y funciones" y se le dota de "un modelo de gestión más ágil y que se adapte a este nuevo entorno económico y energético", según el gobierno.
La previsible tramitación, vía proyecto de ley, de la batería de nuevos impuestos en la que consistirá básicamente el grueso de la reforma energética (que ha suscitado discrepancias entre los ministerios de Industria y Hacienda) vaticina una pelea feroz en el Congreso entre los diferentes lobbies, a la vuelta de las vacaciones parlamentarias.
El recorte que se baraja (más de 2.500 millones por vía impositiva para las tecnologías convencionales y las renovables) ha encendido todas las alarmas; entre las empresas afectadas y también en las filas del PP. El Gobierno extremeño, que ya recurrió ante el Tribunal Constitucional la moratoria a las primas renovables aprobada por Soria nada más acceder al cargo, dijo este viernes que ve “con enorme preocupación e inquietud” la tasa a la generación. Sería, según el Ejecutivo de José Antonio Monago, “un inmenso error” que podría “poner en peligro los proyectos de energías renovables previstos en la región, especialmente en los sectores de la biomasa y la energía fotovoltaica”.
Entre las múltiples medidas de recorte de gasto y aumento de los ingresos tributarios que aprobó este viernes el Consejo de Ministros figuraba una mención a la “fiscalidad de la energía” que la referencia del Consejo de Ministros no desarrolla. Se trata, según Hacienda, de la posible puesta en marcha de una serie de modificaciones tributarias "que ayudarán a gravar más a las rentas de las personas y empresas que contaminan en mayor medida”, aunque no tendrían relación con la reforma energética y su destino sería aliviar la crítica situación de las cuentas públicas.
Según la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, la reforma se presentará de aquí a finales de mes, coincidiendo con la publicación del informe completo de evaluación sobre España del Fondo Monetario Internacional (FMI), que hace un mes, al adelantar sus conclusiones, pidió una solución “rápida y efectiva” al gigantesco problema del déficit de tarifa (insuficiencia de ingresos regulados del sistema eléctrico), que ya supera los 25.000 millones de euros.
