Parece un arranque insólito de sinceridad; la expresión, negro sobre blanco, del temor que flota en las grandes eléctricas: que el Gobierno aplique una quita al déficit de tarifa acumulado. La alemana E.ON, una de las cinco empresas afectadas por ese desfase entre los ingresos y los costes regulados del sistema eléctrico, aseguró ayer, en un documento publicado en su web, que las medidas anunciadas por el Ejecutivo para corregir ese agujero “rescindirían la garantía legal de que el déficit será repagado a las empresas”. Se trata de “un error de texto”, según aclaraban ayer fuentes de la compañía. “Ni por asomo pensamos que pueda haber una quita”, añadían en la empresa, que investiga las razones del error, que ya ha subsanado en un nuevo documento donde la sorprendente afirmación ha desaparecido.
E.ON explicaba en el documento publicado ayer, que hoy ha eliminado de su web, que el desajuste “ha crecido masivamente desde 2007” (ya supera los 24.000 millones de euros). La alemana “está entre las compañías cuyas operaciones están afectadas por las medidas planeadas para reducir el déficit”, expone.
La cuestión de la quita, que el ministro de Industria, José Manuel Soria, ha dejado caer en alguna ocasión, es sumamente incómoda para las eléctricas, que consideran que supondría una quiebra de la seguridad jurídica y les haría cargar con un problema que no han creado ellas. Lo denunciarían en los tribunales por considerarlo una ayuda de Estado, han dicho.
El problema del déficit tarifario amenaza la sostenibilidad financiera de las compañías y el Ejecutivo teme que también acabe afectando a las cuentas públicas porque esa deuda (que los consumidores pagan, con intereses, a las empresas) tiene garantía del Estado. La bola de nieve del déficit tiene su origen en una argucia legal que ha permitido a los sucesivos Gobiernos evitar impopulares subidas de la luz a cambio de reconocer a las eléctricas esa diferencia entre ingresos y costes en forma de deuda, que los consumidores pagan con intereses vía tarifa y que las compañías financian hasta que se tituliza (se convierte en títulos negociables), tarea que la crisis ha complicado sobremanera.
Las eléctricas albergaban alguna esperanza de que, mientras llega la reforma energética anunciada por Soria, las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado, cuyo debate en la Comisión del Congreso concluyó ayer, permitieran que sea el erario público, y no la tarifa, el que asuma el sobrecoste de la generación en los sistemas extrapeninsulares (los dos archipiélagos y Ceuta y Melilla). Pese a que hubo un conato de acuerdo entre el PNV (que presentó una enmienda en ese sentido) y el PP, ninguna de las iniciativas presentadas prosperó y ese coste regulado (unos 2.000 millones) seguirá sufragándose con cargo a la tarifa.
El déficit no debería superar este año por ley los 1.500 millones, pero la estimación es que rebase los 3.500 millones. Soria ha prometido reducirlo a cero el año que viene y repartir el esfuerzo entre todos los agentes del sector.
Las eléctricas tradicionales han sugerido, entre otras medidas, un nuevo recorte a las primas que reciben las energías renovables, otro coste regulado cuya expansión ha coincidido con la explosión del déficit. Según Gas Natural, un tijeretazo a las subvenciones que, con cargo a la tarifa, reciben las plantas que ya están en marcha no sería ilegal, pese a su carácter retroactivo, siempre que se respete la rentabilidad “razonable” que garantiza la Ley del Sector Eléctrico. Las primas suponen cerca de 7.000 millones de euros al año y, al ser un coste regulado, elevan el déficit.
Industria también maneja la opción, que las eléctricas rechazan, de aplicar una tasa a la hidráulica y nuclear. Ni esta idea ni la de la quita figuran entre las propuestas que ha planteado la Comisión Nacional de la Energía (CNE) en un informe remitido al Gobierno en marzo. Tampoco la de los denominados windfall profits: beneficios multimillonarios que, según algunos expertos, les llueven a las empresas por la producción de esas plantas, porque ya estarían amortizadas.
Esa omisión ha escocido a un exconsejero del organismo, Jorge Fabra, padre intelectual del concepto de beneficios sobrevenidos. En un artículo publicado la semana pasada, el economista, próximo al PSOE y vocal del regulador desde 2005 hasta el año pasado, considera “absolutamente lamentable” que no se haya tratado ese asunto. El artículo, que critica "la retribución excesiva y no justificada" que, a juicio de Fabra, pagan los consumidores por la electricidad generada en las centrales nucleares e hidroeléctricas, se ha publicado en la revista de la Fundación Sistema, ligada a los socialistas y en cuyo patronato está Sebastián Battaner, expresidente de Caja Duero y consejero de Iberdrola.
A la espera de que Soria desvele su fórmula para eliminar el endiablado problema del déficit, las eléctricas dicen que sus cuentas del primer trimestre ya acusan los recortes que el Ministerio aprobó a finales de marzo para ciertos costes regulados. En un periodo de menor demanda y escasa hidraulicidad, y tras la congelación del recibo en enero (ya en abril, subió un 7%), Endesa y Gas Natural han registrado caídas de su negocio eléctrico en España del 9% y el 17%, respectivamente. Se espera que la rebaja de la retribución de la actividad de distribución y de los pagos por capacidad (incentivos a las centrales por estar disponibles) también impacte en las cuentas que hoy presentan Iberdrola y HC Energia.
E.ON, en cambio, ha atribuido la mejora de su Ebitda (8,6%), entre otros muchos factores, a “la mejora de los márgenes” de su negocio de distribución en España.
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