El acuerdo de venta del 20% de Gas Natural en manos de La Caixa y Repsol al fondo estadounidense GIP es la ocasión perfecta para que la compañía energética se quite de encima a un incómodo consejero, Demetrio Carceller Arce, una de las mayores fortunas españolas.
Tras ser señalado por la Fiscalía como uno de los autores de uno de los casos "de mayor importe de fraude fiscal cometido en España por omisión de pago de impuestos correspondientes a una sola persona física", Carceller Arce tiene sentenciado su futuro en el consejo de administración de Gas Natural. Fuentes cercanas al grupo energético señalan que ahora "sería un buen momento" para promover su salida.
Gas Natural valoró el pasado año la imputación de Carceller y decidió no tomar medida alguna
En el comunicado enviado por Repsol y Criteria Caixa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre el acuerdo de venta a GIP, por 3.802,6 millones de euros, del 10% cada uno de Gas Natural, la multinacional energética y la entidad financiera señalan que las partes se han comprometido "a realizar sus mejores esfuerzos para asegurar, en la medida de lo legalmente posible, que cada una de ellas tenga una representación en el Consejo de Administración proporcional al porcentaje de su participación en el capital social".
Mientras el consejo de Gas Natural esté compuesto por 17 consejeros, las compañías accionistas podrán nombrar a un consejero por cada 5,8% de participación. Tras el acuerdo, Criteria pasará a controlar el 24,4% de Gas Natural; Repsol el 20%; y GIP otro 20%. Cuatro consejeros de Gas Natural serán designados a propuesta de Criteria; tres los nombrará Repsol; y otros tres el fondo estadounidense.
Demetrio Carceller Arce fue nombrado consejero de Gas Natural en julio de 2007 a propuesta de Repsol. En los dos últimos ejercicios ha recibido una remuneración de 254.000 euros por sus funciones de consejero en la compañía energética.
En el último informe de Gobierno Corporativo de Gas Natural, la compañía explica que el consejo de administración analizó el pasado año la imputación de Carceller Arce como presunto autor de un delito de fraude a Hacienda. La compañía estimó, a pesar de la grave imputación, que "no procedía adoptar medida alguna" y que el consejo de administración tuvo en cuenta "la debida presunción de inocencia predicable de todo imputado" y que la naturaleza "de los hechos que se le imputaban se circunscribían a un ámbito familiar".
La fortuna de Carceller está valorada en 3.000 millones de euros
Esa "presunción de inocencia" de Carceller Arce perdió la pasada semana todo su sentido cuando el presidente de Damm logró evitar la cárcel tras admitir los delitos de los que se le acusaban a él y a su padre, Demetrio Carceller Coll, y también a los profesionales que les asesoraron en la maquinación de una trama societaria para evadir impuestos, y pagar 92 millones de euros.
La Fiscalía pedía 14 años de cárcel para Carceller Arce, y otros 48 años para su padre, además de cientos de millones de euros de multa. El proceso se inició en 2009 y la investigación ha dejado acreditado que Carceller Coll era "titular de un ingente patrimonio que tenía oculto tras diversas estructuras fiduciarias configuradas a través de sociedades radicadas en terceros países considerados como territorios off shore". Carceller Coll, ayudado por su hijo, trató de eludir sus obligaciones fiscales simulando residir en Portugal y Reino Unido, cuando realmente vivía en España.
Demetrio Carceller Arce controla una fortuna estimada en 3.000 millones de euros teniendo en cuenta el valor de los activos de Grupo Damm; de Disa -la petrolera canaria de la que es propietaria la familia Carceller-; y sus participaciones en Sacyr y en Ebro Foods, del 13% y del 10% respectivamente.
El consejo de administración de Sacyr, en la que Carceller es vicepresidente, también valoró el pasado año la imputación de este, y al igual que en el caso de Gas Natural decidió no tomar medida alguna ya que se trataba de un asunto familiar. El consejo de Ebro Foods analizó igualmente en 2015 la imputación de Carceller y optó por no tomar medidas ya que "la causa seguida contra el consejero no guarda relación alguna con la sociedad ni afecta a su actividad", explica la compañía en su último informe de Gobierno Corporativo.
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