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Los directivos de Ono no engañaron a Vodafone en el proceso de compra

Un juzgado desestima la segunda demanda del operador británico. Es la segunda demanda que Vodafone pierde frente a Ono

La batalla judicial entre Vodafone y Ono vuelve a decantarse del lado de esta última. El Juzgado de lo Mercantil Número 3 de Madrid ha desestimado íntegramente la demanda presentada por Vodafone contra la antigua cúpula directiva de Ono, en la que la operadora británica, que compró la ‘teleco’ española en 2014, reclamaba una compensación de 140 millones de euros en concepto de daños y perjuicios por supuestas negligencias de los exdirectivos.

La sentencia, que se ha hecho pública hoy, confirma que la gestión realizada por el expresidente de Ono, Jose María Castellano, su exconsejera delegada, Rosalía Portela –ambos representados por el despacho Life Abogados- y su exdirector financiero, Carlos Sagasta, ha sido diligente durante toda su trayectoria al frente de Ono. Prueba de ello es que cuando se incorporaron a la sociedad española en 2008 estaba en quiebra y cinco años después fue comprada por la operadora británica por un valor de 7.200 millones de euros.

Concretamente, Vodafone, que ha sido condenada al pago de las costas, acusaba a los exdirectivos de graves irregularidades en el área de negocio de reventa internacional de voz. Estas irregularidades, por una supuesta falta de controles habrían derivado de un fraude fiscal que presuntamente ocultaron a la operadora británica, según exponía ésta, con el objetivo de no entorpecer el proceso de compra y poder cobrar los bonus pactados en caso de venta de la empresa.

Este es el segundo litigio que Vodafone pierde contra exdirectivos de Ono en menos de un año, después de que el pasado mes de junio Life Abogados consiguiera que el Juzgado Número 61 de Madrid reconociera en primera instancia el derecho de José María Castellano a cobrar el bonus que la operadora británica rehusó pagarle cuando fue relevado del consejo de administración poco después de hacerse efectiva la compra de la compañía, y que se ha visto obligada a abonar en ejecución de la sentencia.

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