Pocas semanas después de que el Partido Popular ganara las elecciones generales celebradas en diciembre de 2011, el Gobierno de Mariano Rajoy entregó uno de esos puestos que los sucesivos gobiernos españoles han regalado a sus fieles palafraneros. Sin tener especial idea del comercio mayorista, ni falta que hacía, Eduardo Ameijide Montenegro fue nombrado en enero de 2012 presidente de Mercasa, la compañía pública -controlada por la Sepi y el Ministerio de Agricultura- que gestiona junto con los Ayuntamientos los mercados de abastos como Mercamadrid o Mercabarna.
Licenciado en Derecho, Ameijide ha sido socio y letrado de bufetes de abogados especializados en derecho mercantil, laboral, administrativo y fiscal. También ha ocupado cargos de responsabilidad en diferentes empresas privadas, algunas de las cuales formaban parte del Grupo Banesto. Pero el PP quiso recompensar a Ameijide con la presidencia de Mercasa especialmente por su labor como gobernador de Navarra. "Lo fue en los años del plomo, cuando ETA estaba bien activa, con amenazas y atentados", recuerdan allegados al presidente de Mercasa.
Pero el regalo de la presidencia de Mercasa se ha revelado ahora regalo envenenado. Cuando Ameijide llegó al cargo posiblemente no sabía que la compañía pública, a través de una participada, Mercasa Incatema, llevaba desde 2006 construyendo un mercado de abastos en Luanda, la capital de Angola. Una actividad que ayer miércoles provocó registros en la sede de Mercasa en Madrid y la detención de Pablo González, hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.
Desde primera hora del miércoles, durante todo el día, agentes de la Guardia Civil registraron la sede en Madrid de Mercasa. La operación está relacionada con la investigación sobre los negocios en el extranjero del Canal de Isabel II. Pero también con la actividad de Mercasa en el exterior (Pablo González es directivo de Mercasa Incatema). Por esta razón en la operación se han coordinado dos jueces de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco -que investiga las operaciones del Canal- y José de la Mata -que persigue presuntos delitos relacionados con Defex y Mercasa-.
Cuando Ameijide llegó al cargo posiblemente no sabía que la compañía pública, a través de Mercasa Incatema, llevaba desde 2006 construyendo un mercado de abastos en Luanda
Como ha ido publicando este diario en los últimos meses, Mercasa Incatema ha pagado comisiones millonarias a Guilherme Taveira, prófugo de la justicia española y que habría intermediado entre la empresa española y el Gobierno angoleño para la edificación del mercado en Luanda.
El juez De la Mata, del Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, cursó una orden internacional de búsqueda y captura sobre Guilherme Taveira en el mes de octubre de 2014. Ese año la Guardia Civil detuvo a diez personas implicadas en una supuesta red de desvío de decenas de millones de euros de un contrato entre la compañía pública española Defex, de exportación de armamento, con Angola. El empresario de origen portugués Guilherme Taveira, afincado en el país africano, sería la persona que intermediaría en ese contrato en nombre del Gobierno angoleño.
Mercasa Incatema también se valió de la intermediación de Taveira para edificar el mercado de abastos en Luanda, con un presupuesto de 289 millones de dólares. El pasado mes de diciembre el juez De la Mata requirió los contratos de Mercasa Incatema con Taveira. Además el magistrado exigió la paralización "con carácter inmediato" de cualquier pago que debiera realizarse a Taveira o a sus empresas.
En el marco de la operación judicial, diez directivos de Mercasa han sido imputados, según publicó ayer Europa Press. Los portavoces de Mercasa, Sepi, o Agricultura no pudieron, o quisieron, ayer confirmar esta información. Tampoco si entre los imputados se encuentra Eduardo Ameijide.
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