Fue una conversación breve, de apenas diez minutos de duración y en plena vía pública. Pero bastó al presidente de la patronal eléctrica Unesa, Eduardo Montes, para trasladar al Ministerio de Industria, Energía y Turismo y, en concreto, al director general de Política Energética y Minas, Jaime Suárez Pérez-Lucas, el profundo malestar de las eléctricas por la orientación de la denominada reforma energética, el paquete de nuevos impuestos concebido por el Gobierno para tratar de atajar la gigantesca bola del déficit de tarifa que acumula el sector.
"Esto es una expropiación", espetó Montes a Pérez-Lucas en una charla mantenida este lunes por la mañana a las puertas de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (Etsii) de la Universidad Politécnica de Madrid, mientras ambos esperaban a sus respectivos chóferes. Esa palabra, "expropiación", ya la utilizó Montes en febrero pasado, después de que el ministro de Industria, José Manuel Soria, dejara caer la posibilidad de aplicar una quita parcial al déficit de tarifa. La quita, finalmente, no se aplicó.
Cordial en las formas, muy duro en el fondo, en su conversación con el director general de Política Energética Montes acusó al Gobierno de perjudicar con la reforma a los accionistas de las eléctricas y le advirtió de que las empresas asociadas en Unesa (Iberdrola, Endesa, Gas Natural-Fenosa, HC Energía y E.ON) tienen preparada una "batería de recursos" judiciales si la norma se aprueba tal y como está concebida.
La hipótesis de los recursos ante los tribunales es esperable (rara es la norma que no recurren las eléctricas si es contraria a sus intereses) y todavía no ha podido materializarse, dado que el Gobierno ha decidido tramitar la reforma como proyecto de ley, con la idea de que los nuevos impuestos entren en vigor el próximo 1 de enero.
Industria explica que su primera opción era recortar las primas a las renovables: "Nosotros íbamos por la retroactividad; lo avalaba el Supremo"
Montes también dejó entrever que el usuario final será el que sufrague los nuevos impuestos, ya que, muy probablemente, se repercutirán en su mayoría a los precios de la energía en el mercado mayorista y, por ende, a los precios finales. Y citó la reciente subida del impuesto sobre el valor añadido a modo de ejemplo: "¿Qué ha pasado con el IVA?", preguntó, de forma retórica. Cuando José Manuel Soria desveló el pasado 14 de septiembre las líneas maestras de la reforma, Unesa ya advirtió de que "aumentar los impuestos en vez de reducir los costes regulados del sistema no es en ningún caso la solución del problema del déficit de tarifa".
El presidente de la patronal eléctrica también reprochó al responsable de Industria que no se haya actuado sobre las primas a las renovables, cuyo importe, subrayó, alcanzará en breve los 8.000 millones de euros. Montes ha abogado en múltiples ocasiones, en público y en privado, por recortar esos incentivos, que se pagan a través de la tarifa eléctrica y que, según el propio Gobierno, han contribuido a engordar el déficit tarifario.
El responsable de Industria explicó a Montes que el planteamiento inicial de Industria era, precisamente, rebajar esas primas, aunque finalmente se optó por la vía tributaria: "Nosotros íbamos por la retroactividad; lo avalaba el Supremo", recordó al presidente de Unesa, en alusión a la decisión del Alto Tribunal de rechazar este verano el recurso interpuesto contra un decreto del antecesor de Soria, Miguel Sebastián, que limitó a 25 años el periodo en el que los parques fotovoltaicos podían cobrar prima.
El Ministerio cree que todavía hay plazo para evitar el cierre de Garoña: hasta julio del año que viene
Montes también vinculó la reforma con la decisión de Endesa e Iberdrola, propietarias de la central nuclear de Garoña, de no solicitar la renovación de la planta, como pretendía Industria. El responsable del ministerio dejó claro que todavía hay tiempo para dar marcha atrás, pese a que, en teoría, el plazo legal expiró en septiembre pasado (Nuclenor, la sociedad que explota Garoña, también ha dejado pasar el plazo para recurrir la negativa de Industria a alargar el plazo para solicitar la prórroga). Así, Pérez-Lucas replicó que la prórroga puede solicitarse "hasta julio del año que viene", cuando en teoría se cerrará la planta si nada cambia.
El anteproyecto de ley diseñado al alimón por Industria y Hacienda, que pretende recaudar más de 2.700 millones de euros, incluye un impuesto genérico del 6% a todas las fuentes de generación, un impuesto a la energía hidráulica, dos impuestos nucleares y la aplicación del denominado céntimo verde al gas natural, carbón y gasóleo. Unesa ha cifrado el impacto para la generación eléctrica tradicional en unos 1.800 millones.
Montes y Pérez-Lucas coincidieron en la inauguración de una jornada celebrada en la Etsii sobre La I+D nuclear tras Fukushima, organizada por la Plataforma tecnológica nacional de I+D de energía nuclear de fusión (Ceiden). Durante su intervención en las jornadas, el responsable del Ministerio, que sustituyó al secretario de Estado de Energía, Fernando Marti (cuya asistencia estaba prevista), instó a aprovechar las "lecciones" de la catástrofe nipona. Por su parte, Montes criticó que, mientras Estados Unidos ha abordado el problema desde un punto de vista "técnico", en la UE se ha enfocado "con unos grandes a prioris políticos". Tras su charla, ambos se despidieron con cordialidad y se marcharon en sus respectivos coches: Pérez-Lucas, en un Peugeot azul; Montes, en un Audi negro.
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