El Gobierno ha firmado una hipoteca por valor de 1.350 millones de euros en nombre de 7,5 millones de hogares y empresas que consumen gas en España. Santander, Caixabank y Bankia han concedido esa hipoteca a 30 años a Enagás para que le abone directamente a ACS, dueño del Castor, una indemnización por ese monto en compensación por el cierre del almacén de gas.
Posteriormente, los derechos de cobro de este préstamo a largo plazo han pasado de Enagás a estas tres entidades para que lo cobren en las próximas tres décadas. Y los que tendrán que abonarla serán los consumidores de gas, pero con un recargo tal (tipo de interés anual del 4,27%) que, al estilo de las hipotecas tradicionales, que el principal se disparará de los 1.350 millones de euros iniciales hasta los 4.731 millones (3,5 veces más) al final del periodo de pago, según un informe realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).
Dado que en España hay unos 7,5 millones de titulares de la factura del gas, el coste medio para cada uno de ellos por indemnizar a la empresa de Florentino Pérez será de 630,8 euros en todo el periodo. Es el sobrecoste que tendrán que soportar en sus recibos a razón de 21 euros al año.
La mayoría de esos 7,5 millones de clientes son hogares, si bien en términos absolutos de consumo de gas son las empresas, grandes, medianas y pequeñas, las que tendrán que costear una buena parte. Pero no habrá consumidor de gas en España que pueda librarse de pagar la componenda ideada por el Ministerio de Industria y Energía para quitarse de un plumazo el problema del Castor, que ya empezaba a enquistarse.
No habrá consumidor de gas en España, ni hogares ni empresas, que se libre de costear con cargo a su recibo el monto total de la indemnización con sus intereses
Tal y como habían alertado los expertos y empresas del sector desde hace meses, Florentino Pérez acabaría llevándose su indemnización, gracias a la cláusula que introdujo a su favor el Gobierno de Zapatero y a una sentencia favorable del Supremo, y los consumidores costeándola.
El Ejecutivo habría tratado de alargar en el tiempo la aprobación de esa gravosa indemnización, pero el presidente del Real Madrid ha sabido jugar sus bazas. Si no cobro esos 1.350 millones de euros antes del 30 de noviembre, no podré devolver el dinero aportado por los bonistas internacionales, incluido el Banco Europeo de Inversiones (BEI), vino a decir Florentino Pérez a varios miembros del Gobierno.
Un default de una empresa española sobre unos bonos que pagaron un activo que acaba de ser devuelto al Estado, que a partir de ahora es el responsable y titular del Castor, podría dañar la imagen de confianza de los inversores internacionales en ACS, pero por extensión también en el Tesoro Público español.
Moncloa no estaba dispuesta a que la Comisión Europea, de la que depende el BEI, mostrara una queja por el impago de ACS, así que optó por el mal menor, acelerar el pago de la indemnización a su dueño, pese a que aún no han llegado los informes de dos universidades estadounidenses que habrán de esclarecer si hubo negligencia en el proceso de inyección de gas en el Castor y si esa fue la causa de los más de 500 terremotos de septiembre de 2013, tal y como ya han constatado el Instituto Geográfico Español y el Geológico Minero.
Moncloa no ha querido esperar a los informes técnicos sobre las causas de los terremotos ni a la investigación de la Fiscalía y ha acelerado el pago a ACS
Tampoco ha terminado la instrucción en el proceso abierto por la Fiscalía de Castellón y la posible apertura de un juicio para exigir responsabilidades a Escal UGS, la filial de ACS titular de la licencia de explotación, por los seísmos de hace un año.
Pese a todo ello, ACS ya dispone de su indemnización y los consumidores comenzarán a notar en breve en sus recibos la subida del precio del gas asociada al cierre e hibernación del Castor una vez devuelto al Estado. “Serán los consumidores los que acaben pagando en su factura durante los próximos 30 años esa cantidad [1.350 millones], más un interés del 4,27% anual, lo que elevará el importe final pagado por los consumidores de gas a 4.731 millones”, ha sentenciado estos días la OCU. “Se socializan las pérdidas de un proyecto claramente perjudicial para el interés público, y que en el caso de haber tenido éxito habría favorecido fundamentalmente al interés privado”, añade la organización.
La Generalitat catalana ha anunciado esta semana que tiene previsto impugnar el decreto del Consejo de Ministros que aprobó la indemnización a ACS, para tratar de evitar que recaiga en los consumidores. Los terremotos del Castor no sólo se sintieron en la zona de Vinaroz (Castellón), también afectaron al sur de las Tierras del Ebro, en Tarragona.
La nueva hipoteca del Castor se une a la que ya pagan todo los españoles por el abono diferido del déficit de tarifa del sector eléctrico, en este caso con cargo al recibo de la luz.
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