El directivo de Enagás que firmó en representación de la compañía española el contrato de concesión de la obra del Gaseoducto del Sur, en Perú, aparece como "investigado" en un proceso judicial en el país latinoamericano relacionado con el caso Odebrecht.
Enagás formó parte de Gaseoducto Sur del Perú, el consorcio controlado por la multinacional brasileña Odebrecht que se adjudicó en 2014 la mayor obra de infraestructura de Perú, con un coste de unos 5.000 millones de euros. El pasado año la obra del gaseoducto fue suspendida después de que saltara el escándalo de los sobornos de Odebrecht y la banca paralizara la financiación de las actividades de la compañía. Enagás mantiene una participación del 26,87% en el consorcio.
"Existe una investigación en curso tramitada bajo la carpeta fiscal número 475-2016 a cargo del Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Lima" explica Enagás en un documento recientemente enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La investigación, continúa Enagas, se debe a la comisión "de los presuntos delitos de negociación incompatible, de colisión y otros contra una pluralidad de personas físicas". Entre esas personas, señala la compañía española, se encuentra como investigado "el directivo de Enagás que firmó el contrato de concesión en representación de Enagás Internacional como miembro del consorcio adjudicatario".
La CNMV ha requerido a Enagás que explique su política para luchar contra la corrupción y los sobornos
En la información enviada a la CNMV, Enagás añade que los asesores de la compañía en derecho penal peruano "confirman que no existe hasta la fecha indicio o prueba alguna que justifique la permanencia de este directivo en la citada investigación al no existir contra él ninguna imputación concreta". Fuentes de la compañía indicaron ayer martes a este diario que en Perú, tanto desde el Gobierno como desde los medios de comunicación, se da por sentado que Enagás no tiene nada que ver con las acusaciones que afronta Odebrecht en el país.
Enagás admite a la CNMV en el mismo documento que, adicionalmente, "la Procuraduría Pública Ad Hoc a cargo de la defensa del Estado en las investigaciones y procesos vinculados a delitos de corrupción de funcionarios, lavado de activos, y otros conexos en los que ha incurrido la empresa Odebrecht y otras" ha solicitado la incorporación de la empresa Gaseoducto Sur de Perú "como tercero civilmente responsable en la referida investigación". La compañía se ha opuesto a tal solicitud al considerarla "infundada por razones de fondo y forma".
Las explicaciones de Enagás sobre el gaseoducto peruano y el caso Odebrecht forman parte de las respuestas ofrecidas por la compañía española a la CNMV. El regulador del mercado español ha requerido a Enagás que respondiera a una serie de cuestiones relacionadas con la formulación de su ejercicio de 2016 y el impacto de la suspensión de la obra en Perú en sus cuentas.
"Aclaren si, adicionalmente a la inversión en GSP, Enagás ha mantenido algún otro tipo de relación con Odebrecht ", pregunta la CNMV a la compañía española. O también: "Describa las políticas que aplica su entidad para luchar contra el soborno y la corrupción". Además el organismo español requiere a Enagás su código ético, el modelo de prevención de delitos, mecanismos de control interno implementados para evitar o identificar posibles casos de corrupción...
Enagás destaca en su comunicado a la CNMV, que el pasado mes de enero el presidente de la compañía, Antonio Llardén -condecorado ayer con la insignia de Caballero de la Orden Nacional de la Legión de Honor por el Gobierno de Francia- encargó al Director de Auditoría Interna un informe relacionado con el consorcio que se adjudicó la obra de Perú. El informe fue presentado el pasado 13 de febrero, y en él se concluía que la compañía había actuado con "prudencia", "transparencia" y habiendo cumplido con sus políticas y procedimientos establecidos.
El grupo brasileño Odebrecht, la mayor constructora de la región, con 168.000 empleados, pagó cientos de millones de dólares para corromper políticos de varios países latinoamericanos. La compañía fue multada con 3.500 millones de dólares. El propietario de la compañía, Marcelo Odebrecht, fue detenido en 2015 y aceptó a colaborar con la justicia a cambio de rebajar su condena de cárcel de 19 años.
227 millones en garantías
La terminación del contrato de Perú con el consorcio formado por Odebrecht y Enagás se comunicó el pasado 24 de enero. Como consecuencia, explica la compañía española en su reciente comunicación a la CNMV, ha tenido que atender a dos pagos: uno de 65,6 millones de dólares por la "garantía de fiel cumplimiento del contrato", y otro de 162 millones de dólares, por "garantía corporativa concedida sobre la deuda de la sociedad".
Enagás ha destinado 458 millones de euros a la obra peruana (más de 1.000 kilómetros de tuberías que cruzarán el país). La compañía afirma que prevé recuperar los importes de las garantías concedidas y la inversión realizada.
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