Enagás ha ganado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones su litigio contra Perú. El Ciadi ha condenado al país sudamericano a pagar 194 millones de dólares (unos 186 millones de euros) -principal más interés- a la compañía española por el proceso abierto por el proyecto Gasoducto Sur Peruano (GSP).
El organismo dependiente del Banco Mundial ha condenado al país sudamericano por violación del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones suscrito entre la República del Perú y el Reino de España (APPRI Perú-España), según ha informado la propia Enagás, que contó con el asesoramiento en el proceso del despacho Linklaters.
El Tribunal ha considerado que la inclusión de Enagás Internacional en la categoría 2 de la Ley 30737, que impide a la sociedad la repatriación de los dividendos de su participada Transportadora de Gas del Perú (TGP), constituye una violación del APPRI España-Perú.
En concreto, la condena supone el pago de un importe de 176 millones de dólares, más un interés anual del 1,44% calculado de forma simple desde el 24 de enero de 2018 hasta la fecha de hoy y capitalizable semestralmente desde esta fecha hasta el pago de la indemnización, lo que supone ese total 194 millones de dólares a día de hoy, así como el 75% de las costas procesales.
Impacto contable
El grupo dirigido por Arturo Gonzalo señaló que este laudo implicaría una minusvalía contable en la cuenta de resultados por la diferencia entre la cantidad reconocida en el laudo -194 millones de dólares- y la cuenta a cobrar -505 millones de dólares (unos 484 millones de euros) relativa a la inversión en GSP registrada en el balance. Enagás añadió que el impacto se incluirá en las cuentas anuales del 2024 una vez se haya realizado un análisis detallado del laudo.
Asimismo, destacó que sus asesores legales están analizando el laudo en detalle y a este respecto se reserva el derecho a solicitar una rectificación o aclaración de la cuantificación del importe reconocido.
Además, Enagás ha manifestado ya a las autoridades peruanas su disposición para alcanzar un acuerdo amistoso que permita la ejecución de este laudo de una manera que convenga al interés de ambas partes.
Por otra parte, la compañía reafirmó su política de dividendo y el plan de inversiones previsto, que incluye las infraestructuras de hidrógeno renovable contempladas en la lista definitiva de PCI de la Unión Europea, claves para en el proyecto europeo de descarbonización, de seguridad de suministro a largo plazo y de autonomía estratégica
