El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), atendiendo a la urgencia impuesta por el Ministerio de Industria para cambiar a última hora la normativa para que Garoña siga abierta, ha tenido que emitir "en apenas 12 días hábiles" un informe para respaldar la modificación de una norma que habría necesitado "profundos y sosegados estudios relativos a la seguridad nuclear y radiológica", máxime cuando es "la primera reforma del reglamento tras el accidente de Fukushima".
Algo tan importante y tan sensible como esta modificación del Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR), que introduce "serias implicaciones técnicas y jurídicas para todo el parque nuclear español", se ha realizado a la ligera y vulnerando las recomendaciones de las autoridades internacionales de la energía atómica.
Se queja de que Soria ha introducido la primera modificación de la norma tras Fukushima con un procedimiento no acorde con los protocolos internacionales y respaldado por un simple informe elaborado "en apenas 12 días"
Todas estas críticas y muchas más figuran en el voto particular emitido por Cristina Narbona, consejera del CSN a propuesta del PSOE, tras el pleno celebrado el martes, en el que se dio luz verde a un informe no vinculante que respalda que la central de Garoña siga operando pese a estar ahora en situación de "cese definitivo de actividad".
Por cuatro votos a favor y uno en contra (el de Narbona) salió adelante el informe sobre el Proyecto de Real Decreto para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos, una norma que ya fue informada hace siete meses por el CSN, pero que el ministro José Manuel Soria ha utilizado para colar un párrafo que abre la puerta a que Endesa e Iberdrola puedan pedir, de nuevo, la reapertura de Garoña.
El párrafo de la discordia va dentro del RINR, que entró en vigor en 1972 y sólo se ha modificado dos veces (en 1999 y en 2008). Pero el Gobierno se ha saltado los protocolos marcados por la Directiva europea 2011/70/Euratom y por la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA), haciendo gala de "una mala praxis reguladora en materia de seguridad nuclear y radiológica", denuncia la ex ministra de Medio Ambiente.
El Gobierno podría haber evitado todo este polémico proceso concediendo a Garoña una nueva autorización para operar tras un nuevo informe del CSN, así de simple
La consejera censura que la decisión del Pleno del CSN no "se ajusta adecuadamente al principio básico del mejor cumplimiento de la seguridad nuclear y radiológica" que defienden la OIEA y la Comisión Europea.
Cree además Narbona que "los nuevos textos incorporados al Proyecto de Real Decreto" por orden de Industria "impactan sobre la seguridad nuclear y radiológica, ya que crean nuevos supuestos sin apenas estudios ni debates previos en profundidad con el CSN, entre los que destacan la separación, con efectos jurídicos diferenciados, entre el cese de explotación de un reactor por motivos de seguridad y el cese por razones ajenas a la seguridad nuclear".
Se aducen razones económicas y no de seguridad para el cierre de la central, cuando la causa ha sido puramente administrativa tras el vodevil protagonizado por Soria y las compañías en plena guerra por la reforma eléctrica
La consejera del PSOE censura aquí que se hayan aducido razones económicas para justificar su cierre y posterior reapertura, ya que si la causa hubiera sido la seguridad, la central cesaría su actividad definitivamente. Pero es que la justificación real de su cierre, recuerda Narbona, es puramente administrativa: el vodevil protagonizado por Industria y las dos eléctricas con la orden ministerial que hubiera habilitado la prórroga y que nunca llegó.
Aún así recuerda que aunque fueran de verdad económicas las razones de su cierre, éstas son "indisociables" de las razones de seguridad.
Se crean nuevas figuras como el "cese temporal de explotación", lo que provoca un "vacio legal" de difícil encaje en los protocolos de la UE y la OIEA
También critica Narbona que se haya creado ad hoc la figura de "cese temporal de explotación", algo que ahora no existe y que provoca "un vacío legal que podría afectar a la seguridad" de todas las centrales nucleares españolas. También chirría a la consejera que se pueda dar una "renovación de una autorización de explotación que ya ha expirado" y recomienda a Industria que se deje de pantomimas y dé una nueva licencia a Garoña, previo informe del CSN, para que vuelva a operar si así lo quieren sus dueños, ya que la planta es segura a todas luces.
Termina el voto particular de siete folios con la "propuesta de actuación alternativa", según la cual las revisiones del RINR deberían hacerse de acuerdo con las prácticas recomendadas por las instituciones internacionales "tras profundos y sosegados estudios" y no con un informe realizado a la ligera "en apenas 12 días" y propone que se dé una nueva autorización de explotación a la central sin necesidad de forzar modificaciones de la norma como pretende Industria.
Aunque no trascedieron más crítias desde el Pleno del CSN celebrado el martes, hace unas tres semanas sí que hubo un conato de rebelión en el regulador atómico tras la jugarreta de Industria.
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