Crece la preocupación del Banco de España por la posibilidad de que una nueva oleada de activos tóxicos, en este caso procedentes de las renovables, tengan que ser asumidos por los bancos tras los recortes de la reforma energética y el colapso de muchas instalaciones de energías verdes, especialmente fotovoltaicas.
Por ello, el supervisor financiero que dirige Luis María Linde está pidiendo información a las entidades financieras sobre la exposición de cada una de ellas a un sector que en los últimos diez años ha recibido créditos por un valor estimado de 50.000 millones de euros, según confirman a Vozpópuli fuentes financieras y energéticas.
El riesgo de impago de muchos pequeños y medianos promotores de instalaciones renovables se ha disparado este último año después de los nuevos y drásticos recortes aplicados por el Gobierno de Rajoy y los que se prevén para 2014 cuando entren en vigor la nueva Ley del Sector Eléctrico y toda la batería de medidas de ajuste incluidas en la reforma energética.
El próximo año, las plantas de energías renovables ya no se regirán por el sistema de primas sino por un modelo de rentabilidad razonable que, según los expertos consultados, provocarán la quiebra de un buen número de los 52.000 promotores fotovoltaicos. También habrá proyectos termosolares y de biomasa, entre otros, que con la nueva retribución no podrán hacer frente ni siquiera al coste del servicio de la deuda, añaden fuentes sectoriales.
La banca española es tenedora del 65% de los más de 22.000 millones de euros concedidos al sector fotovoltaico, el más dañado por los recortes del Gobierno
La banca española es tenedora de más del 65% de los 22.000 millones de euros que los dueños de huertos y plantas solares fotovoltaicas solicitaron desde 2007 para poner en marcha sus proyectos al calor de las altísimas primas (de hasta 450 euros por MW) que se cargaban al sistema eléctrico.
El resto, casi un tercio, está en manos de banca extranjera. Hay bancos internacionales, sobre todo alemanes, británicos, estadounidenses y japoneses, entre otros, que se volcaron en financiar a inversores nacionales y extranjeros para un negocio muy rentable (se alcanzaban retornos de hasta el 15%) y seguro (concesiones por 25 años con el aval del Estado español).
Pero las reglas han cambiado, de forma drástica y retroactiva, con el objetivo, según el Gobierno, de luchar contra el déficit de tarifa que este año llegará a los 30.000 millones de euros.
Pero no sólo el sector fotovoltaico es un foco de problema para las entidades financieras españolas. Hay unos 28.000 millones de euros adicionales que los bancos han prestado a promotores e inversores de proyectos eólicos, termosolares, biomasa, de cogeneración y otras tecnologías.
En total 50.000 millones de euros que han sembrado las dudas no sólo del Banco de España sino también de las agencias internacionales, conocedores de que la nueva retribución obligará a la mayoría de los inversores a refinanciar sus créditos, mientras que otros, muchos de ellos fotovoltaicos, se verán obligados a forzar el concurso de acreedores ante la imposibilidad de cubrir siquiera los gastos financieros, denuncian fuentes del sector.
Los créditos medios para una instalación estándar de 100 kilovatios solares van de los 300.000 a los 600.000 euros
Los créditos medios de las plantas fotovoltaicas van de los 300.000 a los 600.000 euros para una planta estándar de 100 kilovatios. Los inversores se apalancaban en un 80% con créditos garantizados por la alta rentabilidad y la seguridad jurídica del aval del Estado.
A comienzos de este año comenzaron a caer los primeros pequeños productores, tras la aplicación del nuevo impuesto a la generación del 7% y el progresivo recorte de sus ingresos por producción eléctrica.
El riesgo de impago se ha disparado en las instalaciones fotovoltaicas pequeñas y medianas, ya que muchas de ellas están al borde de la quiebra tras los últimos recortes
Es tan grave la situación de tantos y tantos promotores que el propio Ministerio de Industria, dirigido por José Manuel Soria, ha llegado a reunirse con las entidades financieras para pedirles un esfuerzo a la hora de flexibilizar las exigencias en los procesos de refinanciación, a riesgo de que comience el goteo de impagos en el sector. Sobre la mesa estuvo, incluso, la creación de una 'Sareb' de activos tóxicos renovables, idea que fue posteriormente desechada por todas las partes.
Renegociar ahora un crédito implica pagar intereses del 9% y 10%, frente al 3% y 4% que aplicaban los bancos cuando comenzó la burbuja fotovoltaica, en 2007, señalan fuentes del sector.
Soria y su equipo llegaron a poner sobre la mesa la posibilidad de crear una 'Sareb' para activos tóxicos renovables, pero la idea se desechó
No hay datos sobre la exposición de cada uno de los bancos, pero según algunas estimaciones realizadas por patronales como Anpier, BBVA, Caixabank, Caja Rural de Navarra, Cajamar y Santander acapararían más del 60% de todos los créditos concedidos al sector fotovoltaico, unos 12.000 millones sobre más de 20.000 millones.
De ahí que el Banco de España quiera conocer de primera mano la exposición real de las entidades a los riesgos del sector renovable.
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