El año pasado llegaron a la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea varias denuncias anónimas que alertaban de que las primas pagadas a las energías renovables en España, podrían ser consideradas ayudas de Estado ilegales. Escondidas bajo el anonimato (Bruselas fomenta este sistema de denuncia para destapar prácticas ilícitas en la UE), estaban las grandes compañías eléctricas, que nunca han confirmado la autoría de esas denuncias.
En el sector se sabe que fueron ellas las que pusieron en la pista a la Comisión, que en un año no movió ficha. El Gobierno del PP, de marcado carácter anti renovable, vio con buenos ojos este primer movimiento de alerta, mientras diseñaba el polémico hachazo renovable que en junio de 2014 eliminó el sistema de primas y asestó un duro golpe a la retribución de todas las energías limpias.
Había pasado un año y las denuncias estaban durmiendo el sueño de los justos en algún cajón de Bruselas, pero esta primavera (no ha trascendido el día), el Ministerio de Industria y Energía, que se encontraba acorralado en el Tribunal Supremo ante la avalancha de recursos contra el recorte renovable, decidió pasar al ataque con una iniciativa que en el sector energético algunos califican de tiro en el pie.
Bruselas ha abierto la investigación después de las denuncias anónimas de las eléctricas en 2014 y del chivatazo, este año, del Ministerio de Industria
El Departamento que dirige José Manuel Soria notificó al Ejecutivo comunitario que las subvenciones que se han pagado a las plantas renovables, residuos y cogeneración desde 2007 (superan los 40.000 millones de euros), podrían ser ayudas ilegales y pidió una investigación.
Lo que un año antes hicieron las grandes eléctricas ha servido de modelo a seguir por el Gobierno, al que el Comisario de Energía y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha echado un cable al anunciar públicamente que esa investigación ya está en marcha.
La Abogacía del Estado lo ha confirmado ante el Supremo, a través de un escrito en el que señala que “las autoridades españolas han comunicado oficialmente a la Comisión Europea" que estas primas podrían ser ayudas de Estado.
Sorprendió en el sector que haya sido el propio Gobierno el que acuda a Bruselas para abrir un proceso que, en el peor de los casos, podría volverse contra España. Si se declaran ayudas de Estado ilegales, ¿habría que devolverlas? ¿quién las pagaría? se preguntan las miles de empresas e inversores renovables que operan en nuestro país.
Pero lo que realmente busca el chivatazo de Industria es paralizar todos los contenciosos, denuncias y arbitrajes presentados ante el Supremo y ante organismos internacionales por decenas de miles de inversores renovables afectados por el hachazo de junio de 2014.
La jugada de Soria se puede volver contra España si la Comisión declara ilegales las primas renovables: ¿habría que devolver los más de 40.000 millones cobrados desde 2007?
Los procesos abiertos en el Alto Tribunal español se habían torcido en las últimas semanas para Industria, que ha sido obligada a presentar documentación adicional que hace sospechar que se legisló a sabiendas de que las normas aprobadas eran contrarias a la situación real del sector y, además, sin utilizar los informes independientes que se pidieron para ello.
Como a veces la mejor defensa es un ataque, una vez aireada la investigación abierta en Bruselas, la Abogacía del Estado ha pedido que se suspendan todas las denuncias presentadas en España y en los Tribunales Arbitrales hasta que la Comisión se pronuncie sobre la supuesta ilegalidad de estas ayudas.
Ésa ha sido la jugada maestra, "urdida a la desesperada", según fuentes jurídicas del sector renovable, con la que tanto las grandes eléctricas como el Gobierno quieren paralizar la andanada de recursos y denuncias que avanza en el Supremo y podría dar un disgusto al Ejecutivo en pleno año electoral.
Ayer mismo, el consejero delegado de Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca, uno de los jefes del sector eléctrico más combativos contra las primas renovables, especialmente las pagadas a la energía solar, refrendó esta tesis: "Nos parece estupendo que Bruselas esté investigando si ha habido ayudas de Estado y profundice en el tema para unificar las políticas y saber así a qué atenernos".
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