La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) ha sacado a licitación en el último mes cuatro contratos para el proyecto del ATC que se situará en Villar de Cañas (Cuenca) y acogerá los residuos nucleares de España. Será a partir de 2018, siempre y cuando se cumplan los plazos previstos, una condición que ha puesto en duda, puertas adentro, el propio organismo. Oficialmente, no obstante, el proceso evoluciona según el calendario establecido.
En concreto, la entidad ha licitado el servicio técnico de supervisión de obras como apoyo a la dirección del proyecto ATC por un importe de 13,8 millones de euros (con impuestos incluidos); el servicio de oficina técnica de obra como a poyo a la dirección del proyecto ATC, por 6,7 millones; el servicio de seguridad y vigilancia para el emplazamiento del ATC, por 3,4 millones; y los servicios de ingeniería de apoyo para el diseño de la instalación nuclear del ATC, por casi 5 millones.
A éstas hay que añadir la licitación del proyecto de construcción de los edificios, laboratorios e instalaciones convencionales del ATC y el Centro Tecnológico Asociado (CTA), por 2,16 millones euros que Enresa publicó en junio. En total, el organismo que preside Francisco Gil-Ortega ha licitado contratos por 31 millones de euros en los últimos tres meses, que serán adjudicados en las próximas semanas.
El proyecto del ATC recibió unas 2.600 alegaciones en julio que serán resueltas en los próximos días para proseguir con los trámites
Hasta junio, Enresa había adjudicado un total de 45.877.161,28 euros, de acuerdo a la respuesta a una batería de preguntas del diputado de IU Cayo Lara. El presupuesto que maneja en la actualidad la empresa pública asciende a 927 millones, de los que la mayor parte (unos 700 millones) se destinarán a la construcción del ATC.
No obstante, como contó Vozpópuli, en la misma respuesta parlamentaria el Gobierno admitió que el coste del almacén nuclear puede seguir creciendo, después de que ya se haya incrementado desde los 700 millones estimados inicialmente a los 900 actuales como consecuenci de “la actualización a euros de 2014”, con un impacto de 111 millones, y a la inclusión de nuevas infraestructuras.
Hay "motivos que pueden originar un aumento en el coste previsto inicialmente" para la infraestructura, como el hecho de que "un proyecto de esta naturaleza para el cual no existe una referencia en el mundo que sea simultáneamente del mismo tipo y del mismo tamaño, puede lógicamente tener imprevistos no contemplados en el diseño original o derivados de requisitos adicionales de las autoridades reguladoras durante el proceso de licenciamiento de la instalación", explicó el Ejecutivo.
En cualquier caso, la dirección de Enresa está a la espera de recibir las autorizaciones pertinentes. En este sentido, prevé obtener para principios del próximo año (Gil-Ortega ha apuntado a febrero o marzo) la declaración positiva de impacto ambiental, el permiso del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y, en último lugar, el Plan de Ordenación Municipal de Villar de Cañas.
En total, el proyecto ha recibido alrededor de 2.600 alegaciones. El plazo para presentarlas finalizó el pasado 19 de julio y se espera que en los próximos días sean resueltas y así se pueda remitir el estudio de impacto al Ministerio de Medio Ambiente para que dictamine la declaración definitiva. Del total de alegaciones, la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear en Cuenca entregó unas 2.500, mientras que un centenar de ellas fueron presentadas por particulares.
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