La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se ha dado cuenta de que las permanentes polémicas sobre la instalación del basurero nuclear en Villar de Cañas (Cuenca), los escándalos sobre supuestas adjudicaciones a dedo y las dudas del CSN sobre la seguridad del almacén podrían estallar en plena campaña electoral.
Así que la 'número dos' de Rajoy, en coordinación con el Ministerio de Hacienda, ha querido cortar por lo sano y ha destituido fulminantemente al presidente de la sociedad pública Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), Francisco Gil-Ortega, que desde hacía meses estaba en la picota por su mala gestión y el goteo de despidos de algunos directivos de la casa.
Hace unos días trascendió que Gil-Ortega había despedido al director de Administración, Eugenio Alejandre, que también era miembro del comité de Dirección de la empresa estatal dependiente de Sepi (Hacienda). Alejandre llevaba poco más de un año en Enresa (llegó en 2013), pero se había convertido en un obstáculo al proceso de adjudicación de los primeros contratos de obra civil e infraestructuras del también llamado Almacén Temporal Centralizado.
Las prisas de Cospedal y Gil-Ortega por licitar los contratos de obra civil del ATC han chocado con el CSN y con Industria, que ha supeditado el 'sí' al proyecto a que tenga todas las autorizaciones
Era un hombre de absoluta confianza de Sepi y ejercía de fiscalizador del proceso de adjudicaciones puesto en marcha por el hasta hoy presidente de Enresa, exalcalde de Ciudad Real, exvicepresidente de las Cortes de Castilla-La Mancha y hombre de confianza de María Dolores de Cospedal, presidenta de Castilla-La Mancha.
La celeridad con la que Gil-Ortega quería licitar el contrato más importante, por valor de 263,5 millones de euros, del proyecto del basurero nuclear conquense, se había granjeado la oposición de algunos miembros de la empresa estatal.
Máxime cuando hasta el mismísimo Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) había criticado duramente el proyecto, mostrando sus dudas sobre el informe técnico y sobre "la idoneidad del emplazamiento", además de detectar múltiples "deficiencias" en la documentación presentada por Enresa, según informó eldiario.es.
El escándalo estaba servido. Hace un par de días, la vicesecretaria general regional del PSOE de Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, criticó públicamente que "a algunos, como Cospedal y el Presidente de Enresa, Gil Ortega, se les están notando mucho las ganas de dejar adjudicada la obra principal del ATC antes de las elecciones cuando ni siquiera en el Ministerio de Industria las tiene todas consigo en relación con la idoneidad del emplazamiento en Villar de Cañas".
El Ministerio de Industria había rechazado que la obra civil principal del basurero nuclear se adjudicase sin que cuente antes con el visto bueno del CSN, que aún está estudiando este proyecto y reclamando información adicional. Para Maestre, "lo que hay detrás de todo esto es un enorme negocio de más de 900 millones de euros".
Por su parte, fuentes oficiales de Vicepresidencia del Gobierno han querido puntualizar que el cambio en Enresa "es un asunto totalmente ajeno a las responsabilidades de la vicepresidenta, que no ha intervenido ni directa ni indirectamente. Habrá sido el Ministerio competente".
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