A finales del presente mes, la Comunidad de Madrid tiene previsto iniciar la venta de edificios públicos. El director general de Política Financiera del Gobierno regional, José Luis Moreno, detalló la operación, consistente en sacar al mercado hasta quince edificios por los que el Ejecutivo de Esperanza Aguirre podría ingresar hasta 62 millones de euros.
Sin embargo, estas expectativas, que responden a la valoración de los edificios en cuestión, superan con mucho las previsiones reflejadas por el propio Gobierno de la Comunidad de Madrid. En el Plan Económico-Financiero 2012-2014 del Ejecutivo, se hace mención expresa al Plan de Optimización del Patrimonio Inmobiliario, por el que se espera ingresar 30 millones de euros hasta 2014.
En concreto, el documento señala que la Comunidad de Madrid ha aprobado medidas en favor de “la reducción de la dimensión del parque inmobiliario disponible, mediante la enajenación de los bienes que resulten innecesarios para los fines de la Comunidad. Por esta medida se espera recaudar 30 millones de euros en el periodo 2012-2014”.
Posteriormente, se hace alusión a las dificultades que entraña desglosar los ingresos por ejercicio, aunque se hace una estimación que apunta a unos ingresos de 7,5 millones de euros para los años 2012 y 2014 y de 15 millones de euros para el ejercicio 2013.
Emplazamientos de privilegio
Entre los edificios que se pueden poner a la venta se encuentra la propia sede de la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid, situada en la Carrera de San Jerónimo. También se encuentran edificios que cuentan con localizaciones privilegiadas como las calles Ayala y José Abascal.
La Comunidad de Madrid asegura que ya cuenta con inversores interesados en la adquisición de los edificios, con lo que espera que las transacciones se realicen con relativa facilidad y rapidez. No obstante, teniendo en cuenta las previsiones del Gobierno regional, lo más probable es que las negociaciones con los compradores sean a la baja en cuanto al precio final del inmueble.
Madrid se une a otras comunidades autónomas que han decidido poner en el mercado parte de su patrimonio inmobiliario con el fin de obtener ingresos extraordinarios que contribuyan a incrementar el ahorro y también a reducir el elevado déficit que acumulan. Cataluña y Valencia han sido las más activas en este capítulo.
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