La escalada de tensión entre el Gobierno colombiano y Gas Natural Fenosa como consecuencia de la intervención y posterior inicio de liquidación de Electricaribe (participada al 85% por el grupo español) ha alcanzado sus cotas más elevadas en las últimas horas. Un informe de la Contraloría General de la República, el organismo encargado del control fiscal del Estado colombiano, acaba de publicar un informe en el que asegura que Electricaribe dejó de aplicar durante seis años los subsidios a los que tienen derecho determinados grupos de usuarios por su condición de clientes vulnerables. Una cantidad que el organismo público estima en 216.000 millones de pesos (cerca de 62 millones de euros) y que fueron a parar, según el citado informe, a las cuentas de Electricaribe con el fin de minimizar sus pérdidas.
La acusación, sin duda la más grave desde que a mediados del pasado año se iniciaran las hostilidades entre el Gobierno colombiano y Gas Natural, ha tenido una pronta y contundente respuesta por parte de la compañía. A través de un comunicado distribuido en el país latinoamericano, el grupo que preside Isidro Fainé rechaza las acusaciones de la Contraloría por no ajustarse a la verdad pero, incluso, va más allá y asegura que denunciará estas acusaciones, a las que califica como agresiones, ante el tribunal internacional de arbitraje de Naciones Unidas (Uncitral), que ya tiene abierto un procedimiento contra Colombia interpuesto por Gas Natural a cuenta de la intervención de Electricaribe.
La chispa que ha vuelto a hacer estallar la batalla, tras un periodo de cierta tranquilidad, ha venido dada por un informe de auditoría de cumplimiento relativo al proceso de intervención de Electricaribe por parte del Estado colombiano, del que a mediados del pasado noviembre se cumplió un año. El documento, elaborado por la Contraloría General de la República, repasa la situación financiera de la compañía y da cuenta de una serie de hallazgos que considera dignos de mencionar.
Entre ellos destaca el recogido en el punto cuarto del informe, bajo el título de "Liquidación Subsidios del Fondo de Energía Social –FOES, con incidencia fiscal". En él, la Contraloría asegura que de su trabajo de auditoría se deduce que Electricaribe no aplicó correctamente los subsidios que les corresponden a los clientes pertenecientes a los grupos de población más vulnerables.
"En el desarrollo del proceso auditor se evaluó la aplicación de los recursos FOES recibidos por Electricaribe del Ministerio de Minas y Energía y encontró que en la facturación del servicio de energía eléctrica la empresa aplica a favor del usuario un menor valor del beneficio a que tiene derecho por cada kilowatio de su consumo individual", señala el documento de la Contraloría, al que ha tenido acceso Vozpópuli.
Apenas un 1% del subsidio
En concreto, el informe asegura que mientras que Electricaribe debería haber aplicado un descuento de 46 pesos por cada kilowatio de consumo de los usuarios incluidos en los grupos de población considerados como más desfavorecidos de los siete departamentos de la zona del Caribe a los que presta servicio, en realidad tan sólo aplicaba una reducción de 0,46 pesos por kilowatio, es decir, "apenas al 1% de lo establecido. Se encontró que el restante 99% del subsidio FOES no aplicado como beneficio al usuario se destina al ‘aporte empresa’ para disminuir su valor".
Como consecuencia, la Contraloría acusa a Electricaribe y, como consecuencia, a Gas Natural como gestor de la compañía, de no atender su deber de "subsidiar el valor de consumo de la energía eléctrica de los usuarios más pobres del país" y de, en cambio, utilizar "un procedimiento no autorizado en perjuicio de estos beneficiarios y en favor de la empresa, destinándolos a una finalidad contraria a la establecida en la ley, enjugar sus pérdidas".
En respuesta a estas graves acusaciones, Gas Natural asegura que la totalidad de los recursos FOES aportados por el Ministerio de Minas y Energía "fueron rigurosamente aplicados" antes y, también, después de la intervención por parte del Gobierno.
El Estado cometió el mismo error
Cabe destacar que el informe de la Contraloría señala que la práctica de aplicar incorrectamente el subsidio se ha mantenido hasta el pasado mes de agosto, es decir, nueve meses y medio después de que Electricaribe hubiera pasado a ser gestionada por el propio Estado. No obstante, el documento aclara que se han establecido los mecanismos para devolver las cantidades a los usuarios, en un proceso cuya finalización se prevé para mediados de 2018.
Además, en su comunicado Gas Natural aclara que los criterios seguidos a la hora de aplicar los subsidios fueron conocidos por las autoridades locales, incluida la Superintendencia de Servicios Domiciliarios (paradójicamente la que ejecutó la intervención y el posterior inicio de la liquidación de la empresa). Incluso, el grupo español asegura que la propia Superintendencia atendió recursos interpuestos por los usuarios en relación con el cobro de subsidios y que, en esos casos, "confirmó decisiones de la empresa, lo que descarta de plano cualquier modalidad subrepticia o fraudulenta".
La compañía española también denuncia que solicitó intervenir en las actuaciones de la Contraloría para poder demostrar que sus conclusiones estaban equivocadas y obtuvo una respuesta negativa lo que, a juicio de Gas Natural, la sumió en una situación de indefensión.
La última visita de Villaseca
La empresa sostiene que la actitud del Gobierno colombiano forma parte de una estrategia con vistas a armar su defensa en el procedimiento iniciado en el Uncitral, en el que Gas Natural reclama una compensación de 1.000 millones de euros por lo que considera una expropiación encubierta de Electricaribe.
El incendiario informe de la Contraloría se ha publicado poco después de que Gas Natural decidiera salir del otro negocio que mantenía en el país, el de la distribución de gas en la zona metropolitana de Bogotá, tras vender su participación en la compañía al fondo australiano Brookfield. Precisamente, tras culminar esa operación, el consejero delegado de Gas Natural, Rafael Villaseca, viajó hasta Colombia para reunirse con las autoridades locales (entre otros, el ministro de Minas y Energía) con el fin de explicarles la operación pero también de tratar de reconducir las negociaciones por el asunto de Electricaribe.
Villaseca volvió con las manos vacías y con una perspectiva negativa sobre una posible resolución amistosa del conflicto. Y, por lo visto, no le faltaba razón.
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