Olalla Vázquez, fiscal del caso que investiga una estafa piramidal liderada por Antonio Mas Samora, conocido como 'el Madoff catalán', ha solicitado recientemente al juzgado de instrucción número 31 de Barcelona, fijar un plazo máximo de instrucción de cinco años, al entender que concurren las razones que así lo justifican. La petición ha llamado la atención de abogados que representan a afectados en la causa, que temen que las investigaciones se puedan demorar de forma excesiva.
Los Mossos d'Esquadra investigan la estafa cometida por Antonio Mas Samora, que el pasado dia 26 de mayo acudió al juzgado para autoinculparse. De acuerdo a las investigaciones, Mas Samora habría sido autor de una estafa piramidal consistente en la compra de espacios publicitarios a medios de comunicación a través de su empresa Publiolimpia, que luego vendería a grandes compañías logrando una elevada rentabilidad. Mas Samora también emplearía su empresa ATA Producciones y Eventos Barcelona. Las investigaciones ya han puesto de manifiesto que el empresario falsificaba las facturas de los potenciales anunciantes.
La fiscal apunta que inversores extranjeros afectados por la supuesta estafa podrían haber realizado delitos contra Hacienda
Hasta el momento se han detectado 1.120 inversores afectados por la estafa, que han reclamado 246 millones de euros. Entre los afectados se encuentran inversores de toda España, también del extranjero, varios de ellos conocidos empresarios de grupos familiares. La fiscal justifica su solicitud de fijar un plazo de cinco años de instrucción por la complejidad de la investigación, el gran número de víctimas, el examen de abundante documentación, y la necesidad de llevar a cabo actuaciones en el extranjero.
"Nunca había visto que un fiscal solicitara el plazo máximo que contempla la ley para una instrucción", comenta uno de los abogados que representa a parte de los afectados. "No tenemos información sobre como avanzan las investigaciones", indica. El abogado consultado considera que posiblemente la juez de Barcelona quiera tener bien atada la causa para después requerir que sea la Audiencia Nacional el organismo que juzgue el caso.
La fiscal ya señaló en un escrito enviado al juzgado el pasado mes de julio que el caso cumple los requisitos para que sea investigado por la Audiencia Nacional entendiendo que son competentes los juzgados centrales de instrucción de la Audiencia para conocer las actuaciones.
Delitos contra Hacienda
El requerimiento de la fiscal del caso Publiolimpia se hace tras pedirlo uno de los querellantes, la empresa Publi Producciones y Eventos Barcelona. Luis Pasqual Franquesa, hijo del juez Estevill -condenado a nueve años y cuatro meses de prisión por un caso de corrupción en la década de los noventa- es en la actualidad el administrador de esta compañía, en la que Mas Samora fue administrador entre octubre de 2009 y junio de 2010.
Mas Samora, promotor del Festival de Música de Cambrils, fue detenido, su domicilio registrado, y puesto en libertad después de que se autodenunciara. El empresario acudió una segunda vez al juzgado de Barcelona para autoinculparse, el 31 de mayo pasado. En esa ocasión, puso de manifiesto su relación con Publi Producciones y Eventos Barcelona, con la que contrajo una deuda de 18,5 millones de euros.
La fiscal del caso advierte entre las razones para reclamar el plazo máximo de instrucción, que la actuación de muchos de los inversores extranjeros en la trama operaría desde paraísos fiscales, lo que implicaría la comisión de delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.
En su segunda visita al juzgado para autodenunciarse, Mas Samora señaló como posible víctima a David Grebler, con quien habría contraido una deuda de 80 millones de euros. Grebler, financiero suizo afincado en Cataluña, fue acusado de estafa por la venta de la Multinacional Aseguradora (MNA) a Caixa Catalunya, en 1995; la causa se archivó.
Intermoney
En la primera declaración en la que Mas Samora se autodenunció, 26 de mayo de 2017, el empresario contó que durante su etapa como gestor de medios tuvo pérdidas económicas importantes y contactó con la sociedad Finalter, dedicada al descuento de facturas y pagarés. Según su testimonio, Publiolimpia presentaba a Finalter las facturas de las empresas que supuestamente eran clientes suyos recibiendo el 85% del valor de la factura, que el prestamista debía recuperar a su vencimiento.
La primera de esas operaciones se pactó en julio de 2015 estando su vencimiento previsto en enero de 2016, y otras dos operaciones que simulaban contratos con Vodafone y Repsol, prolongando esa actividad hasta mayo de 2017, lo que generó una deuda con Finalter de 45 millones de euros.
El 31 de mayo la Comisión Nacional del Mercado de Valores publicó un comunicado informando sobre la suspensión de la actividad del fondo IM Auriga Pymes, directamente relacionado con la financiación de Finalter a Publiolimpia, por riesgo de impago.
Intermoney Titulización, la sociedad gestora del fondo, informó el 1 de junio que Auriga, a través de su filial Finalter, había presentado una denuncia “por delito de estafa agravada” contra Publiolimpia.
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