Recomprar deuda no garantizada para evitar un nuevo escándalo como el de las preferentes. Ésta es la apuesta de la agencia de calificación crediticia Fitch, que en un reciente informe recomienda a los bancos españoles, italianos y portugueses (los únicos que han vendido este tipo de instrumentos a minoristas) volver a adquirir bonos no garantizados y deuda subordinada para evitar imponer pérdidas a los pequeños ahorradores en caso de una hipotética resolución bancaria. Proponen también, como alternativa, la transformación de la deuda no garantizada de los minoritarios "en certificados de depósitos", de forma que quedaría blindada cualquier cantidad en su poder hasta 100.000 euros, como si de depositantes se tratase.
Desde el pasado mes de enero, la banca española está sometida a un Mecanismo Único de Resolución
"Creemos que dicha medida podría ser además parte de un ejercicio de protección de la reputación destinado a asegurar a los ahorradores particulares", señalan los analistas de Fitch en relación a la medida, impulsada ya por algunos bancos italianos. Y es que a finales del pasado año entidades financieras de Italia decidieron volver a adquirir bonos en poder de minoristas de forma que a éstos se les liberaría de cualquier posible pérdida impuesta en caso de dichas entidades estuvieran en crisis y necesitasen un proceso de recapitalización y resolución.
Desde el pasado mes de enero, la banca española (y de toda la zona euro) está sometida a un Mecanismo Único de Resolución, que entre otras misiones ha de vigilar por el interés del contribuyente. El objetivo es garantizar que solo se usará dinero público cuando sea imprescindible, y antes se impondrán pérdidas y canjes forzosos a todos aquellos inversores dueños de pasivos no garantizados. Tal y como señalan los analistas de Fitch, aunque ya se han llevado a cabo una docena de procesos de resolución bancaria desde la entrada en vigor de la unión bancaria (enero de 2015), ninguno ha sido bajo el paraguas de las normas del MUR.
Desde Fitch temen que las nuevas normas de resolución, si se aplicaran de forma estricta, correrían el riesgo de provocar un grave perjuicio en la imagen del sector bancario europeo. Y es que en países como España, Italia y Portugal se comercializaron productos de deuda susceptibles de sufrir pérdidas (no garantizados) entre pequeños ahorradores, que a tenor de la nueva regulación deberían perder parte de su inversión en caso de que su entidad sufra una intervención y deba recapitalizarse con cargo a los acreedores (bail in).
Una práctica conocida
La recompra de deuda por parte de la banca es una práctica conocida. Banco Santander, por ejemplo, volvió a adquirir en 2013 casi 10.000 millones de euros en deuda subordinada y perpetua a sus clientes con el fin de reforzar capital. Es lo que hicieron también, con una metodología bien distinta, las entidades nacionalizadas (BFA-Bankia, Catalunya Caixa y Novagalicia) cuando se decretaron los arbitrajes por los híbridos comercializados entre los ahorradores minoristas. El compromiso de dichas antiguas cajas era recomprar dichos instrumentos por su valor inicial (más intereses) en el caso de que se demostrase una mala comercialización.
El compromiso de las cajas era recomprar dichos instrumentos por su valor inicial en caso de que se demostrase mala comercialización
La propuesta sugerida por Fitch busca que los bancos en los que aún haya este tipo de productos de alto riesgo comercializados a minoristas hagan recompras masivas de los mismos. Y es que según los analistas de esta agencia de rating, la posibilidad de que una entidad en problemas acabe provocando pérdidas en dicho colectivo podría suponer no solo un grave problema de reputación para dicho banco, sino que podría conducir a una crisis para todo el sector.
De hecho, en la reciente crisis de la banca italiana, en la que la imposición de pérdidas a bonistas minoristas sobrevoló la opinión pública, se registró una significativa fuga de depósitos en las entidades más débiles a finales de 2015 y principios de 2016, cuando las dudas de los ahorradores se disiparon. La normativa, teóricamente, hubiera supuesto la aplicación de un haircut (recorte) equivalente "al 8% del total de las deudas y fondos propios", según explican desde Fitch, que reclaman la puesta en marcha de un modelo coordinado cuanto antes, de forma que estas incertidumbres se despejen.
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