Los fondos acreedores han iniciado el proceso para obtener el aval del Gobierno para tomar el control de la siderúrgica Celsa y se han comprometido a mantener la plantilla, las capacidades productivas en España y a buscar un socio industrial español. En un comunicado, los acreedores informan del nuevo paso dado para poder hacerse con el control de Celsa, después de que en septiembre el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Barcelona validara el plan de reestructuración presentado por estos fondos, entre los que se cuentan Deutsche Bank, SPV Global, Sculptor Investment o Anchorage Capital.
Explican que el Ejecutivo central y la Generalitat de Cataluña han comunicado "la necesidad de asegurar, a través de compromisos firmes y vinculantes, el mantenimiento de la viabilidad de la empresa en el largo plazo, la toma de decisiones del grupo en España y la protección del empleo y las capacidades productivas en el marco del carácter estratégico de Celsa".
El Gobierno requiere un Consejo Independiente
Al tiempo, el Gobierno ha requerido que se establezca un consejo independiente -los fondos ya anunciaron que nombrarán a Rafael Vilaseca, ex consejero delegado de Gas Natural Fenosa, como presidente- y que se incorpore "un socio industrial que fortalezca la gestión de la compañía". A este respecto, los fondos aseguran que han trasladado al Ejecutivo "su total compromiso con el objetivo de sanear y fortalecer la posición financiera de Celsa, con el de mantener su plantilla y sus capacidades productivas en España y con el resto de los objetivos señalados".
Se muestran, asimismo, "dispuestos a trabajar con todos los implicados para garantizar el cumplimiento de los objetivos comunicados", para lo que está "fomentando canales de comunicación transparentes, tanto con los distintos niveles de la administración como con los representantes de los trabajadores". Los acreedores subrayan que ya han puesto en marcha algunos de los citados compromisos -entre ellos el nombramiento de Vilaseca o la solicitud de autorización de inversión en España- y que el resto "se irá implementando a medida que avance el proceso".
La sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Barcelona, dada a conocer el pasado 1 de septiembre, da vía libre a los fondos para tomar el control del 100% de Celsa, hasta la fecha en manos de la familia Rubiralta. Tras el fallo judicial, sin embargo, los fondos necesitan de la autorización del Consejo de Ministros para hacerse con el control efectivo del grupo, como se encargó de subrayar el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo tras el fallo judicial.
Los fondos han formalizado la solicitud este mismo jueves, con lo que se pone en marcha el plazo para que el Gobierno se pronuncie sobre la operación. Consultadas este jueves por EFE, fuentes del ministerio han declinado hacer comentarios. Fuentes conocedoras de la marcha de los contactos aseguran, asimismo, que el hecho de que los fondos se hayan decidido a solicitar formalmente el aval del Gobierno pone de manifiesto que se ha allanado el terreno con el Ejecutivo para llevar a cabo esta toma de control.
Estas fuentes han asegurado que los fondos han recibido muestras de interés por parte de varios grupos industriales por entrar en Celsa. En los últimos días se ha especulado con que Sidenor o CL Grupo Industrial podrían tener interés en este proceso de búsqueda de un socio industrial para Celsa.
Celsa, uno de los mayores productores de acero de Europa y de los principales consumidores industriales de energía de España, emplea a unos 10.000 trabajadores, cuenta con seis grupos empresariales y tiene presencia en nueve países del continente.
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