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Gas Natural esperará al estudio del Gobierno colombiano sobre Electricaribe para tomar una decisión

El encuentro entre Rafael Villaseca, consejero delegado de Gas Natural, y miembros del Gobierno colombiano, supuso la reanudación de la negociación entre las partes para el futuro de la filial del grupo español pero no se concretó en decisiones definitivas.

El consejero delegado de Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca, viajó hasta Colombia para volver a tender la mano al Gobierno local con vistas a buscar una salida para Electricaribe, su filial en el país. Por ese lado, el objetivo está cumplido. No obstante, la visita dio para poco más. Las partes se emplazaron para seguir hablando cuando esté listo el estudio sobre la viabilidad y el futuro de la compañía encargado a la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), entidad controlada por el Gobierno local.

El motivo oficial del encuentro era la reciente operación realizada por Gas Natural en el país latinoamericano, con la venta al fondo canadiense Brookfield de su participación en la distribuidora de gas que opera en el área metropolitana de Bogotá. Sin embargo, la situación de Electricaribe también formó parte de la agenda del encuentro que sostuvo Villaseca con el ministro colombiano de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y la responsable de la cartera de Industria, Lorena Gutiérrez.

Según relata la prensa local, la reunión fue breve, apenas se prolongó por espacio de una hora, y los portavoces del Ejecutivo colombiano se limitaron a señalar que el encuentro había sido solicitado por la compañía española para dar cuenta de la mencionada operación. No obstante, como informó Vozpópuli el pasado domingo, la visita de Villaseca también estaba relacionada con un intento de retomar las conversaciones acerca del futuro de Electricaribe. Las negociaciones siguen abiertas tras la reunión pero sin avances dignos de destacar.

Al menos, las partes han establecido un próximo hito: la publicación de los resultados del estudio que está llevando a cabo la FDN, que se espera para los próximos días. A partir de las consideraciones que realice esta sociedad, participada mayoritariamente por el Gobierno colombiano, llegará el momento de tomar una decisión al respecto.

En su día, Electricaribe contrató a la FDN para evaluar una solución que despejara el futuro de la compañía y asegurara tanto su viabilidad como la del suministro de energía de la región del Caribe, a la que presta servicio.

Diagnóstico a falta de consultas

A finales de septiembre, la FDN comunicó que contaba ya con un diagnóstico de la situación de la compañía, así como una serie de posibles soluciones, planes de inversiones bajo diferentes escenarios y un conjunto de medidas para devolver la viabilidad a Electricaribe.

No obstante, antes de hacer públicas sus conclusiones, el organismo se dio dos meses para consultarlas con diversas entidades, un proceso que debería estar a punto de finalizar. Para este trabajo, la FDN contó con el asesoramiento, entre otros, del banco internacional de negocios Lazard.

En cualquier caso, el Gobierno colombiano debería llevar a cabo un profundo cambio en la normativa para que Gas Natural se planteara recuperar el control de su filial, una idea que la compañía ha trasladado en numerosas oportunidades al Ejecutivo local.

Un necesario cambio legal

Esas modificaciones deberían garantizar a la empresa el cobro por los servicios prestados y la posibilidad de reclamar tanto los impagos como los casos de fraude, circunstancias que han provocado a lo largo de los últimos años un agujero superior a los 1.200 millones de euros.

Una situación insostenible, como ha podido comprobar el Gobierno colombiano, que hace un año intervino la compañía cuando su situación era prácticamente insostenible. Durante este periodo, el Ejecutivo se ha encontrado con los mismos problemas que afrontó Gas Natural.

A mediados de marzo, tomó la decisión de liquidar la compañía, lo que motivó que el grupo español iniciara un proceso de arbitraje en el tribunal internacional de Naciones Unidas (Uncitral), en el que reclama 1.000 millones de euros de indemnización.

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