La intervención de Electricaribe, filial de Gas Natural Fenosa en Colombia, por parte del Gobierno local está contribuyendo a enmarañar aún más la situación de la compañía, muy comprometida, entre otros factores, por la elevada mora que arrastra en los últimos años. Esta cuestión, denunciada en infinidad de oportunidades por el grupo español, ha llevado a los interventores de Electricaribe a sacar del balance de la empresa una cartera de facturas vencidas al considerarlas incobrables. La suma de estos cobros, que la empresa ya no ingresará, se eleva a unos 165 millones de euros.
En un informe remitido a la Superintendencia de Servicios local, los interventores de la compañía describen las medidas llevadas a cabo desde que tomaron el control de Electricaribe. Desde el punto de vista contable, destaca la reducción de la cartera vencida que presentaba la compañía al cierre de año en relación con la situación de apenas un mes antes, cuando aún estaba bajo los mandos de Gas Natural. Sin embargo, el motivo no ha sido que los nuevos gestores hayan obrado el milagro de cobrar esas facturas sino que han decidido dar de baja parte de la cartera vencida tras admitir que nunca la cobrarán.
El documento de los interventores también recoge que, aun después de sacar del balance las facturas incobrables, la cartera de facturas vencidas asciende a unos 575 millones de euros más, de los que una gran parte presentan una mora superior a los seis meses. Es decir, que va camino también de ser considerados incobrables.
Tal es la situación de la compañía que, al margen de lo estrictamente contable, los nuevos gestores de Electricaribe han iniciado conversaciones con las autoridades de diversas zonas de la región para acordar con ellas restricciones en el suministro de electricidad, con el fin de "evitar pérdidas comerciales".
Restricciones por mora
Es decir, que la compañía comenzará a distribuir luz a cuenta gotas en los barrios en los que se registre mayor mora (que coinciden con aquellos de rentas más bajas o barrios subnormales, como se denominan en Colombia) para evitar que la cartera de facturas en mora engorde sin control. Los interventores pretenden que las restricciones vayan en función de los pagos, de modo que aquellos barrios en los que se dé menos morosidad puedan disfrutar de más horas de servicio.
Paradójicamente, el mismo Gobierno que ahora está tomando estas medidas impidió en su día a Gas Natural aplicarlas. Una de las reclamaciones de la empresa española es que no tenía el apoyo de las autoridades y de la Justicia colombianas cuando trataba de cobrar las facturas impagadas, así como de luchar contra el fraude masivo.
Una de las circunstancias más complicadas era que entre los morosos se encontraban instituciones públicas como ayuntamientos, comisarías, hospitales y escuelas, contra las que Electricaribe no podía tomar ninguna medida.
Sin embargo, la prensa local informaba estos días de que Electricaribe había suspendido el suministro a la alcaldía de la localidad de Riohacha, que acumulaba una deuda con la compañía de unos 17.000 euros al cambio.
Negociación antes del Ciadi
La filial de Gas Natural fue intervenida por el Gobierno colombiano a mediados del pasado mes de noviembre, en plenas negociaciones con la compañía española para tratar de resolver la complicada situación de Electricaribe, ahogada tanto por la mora como por el fraude masivo en el consumo eléctrico en la región donde presta servicio, aproximadamente a 2,5 millones de habitantes.
Desde entonces, los interventores designados por la Superintendencia de Servicios no han podido sino constatar que la situación denunciada por Gas Natural, que estaba a punto de provocar el colapso de la compañía, era real.
Durante los últimos meses, el Gobierno colombiano acusó a Gas Natural de no llevar a cabo las inversiones comprometidas por el grupo español, lo que estaba causando numerosas incidencias en el suministro. La compañía que preside Isidro Fainé argumentaba que la elevada morosidad y el masivo fraude sumían a Electricaribe en una complicada situación que hacía inviable el llevar a cabo estas inversiones.
La intervención de Electricaribe se prolongará hasta mediados de marzo. Hasta entonces, Gas Natural y el Gobierno colombiano seguirán negociando para buscar una solución al conflicto, con el fin de evitar la denuncia al Ciadi, el tribunal de arbitraje del Banco Mundial.
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