Hay en España un selecto grupo de grandes consumidores eléctricos que tiene capacidad para negociar directamente sus propios precios de la luz e influir en las decisiones que toma el Gobierno al respecto.
Hablamos de gigantes siderúrgicos como Alcoa o Asturiana de Zinc, metalúrgicos como Arcelor-Mittal y Acerinox, cementares como Holcim y Cemex o químicas como Solvay y Ercros.
Estas compañías vienen criticando desde hace años que los altos precios de la electricidad en España lastran su capacidad competitiva a nivel internacional, pero a la vez se han beneficiado de fuertes subvenciones a costa del sistema eléctrico por permitir la interrumpibilidad de sus procesos industriales en caso de picos de demanda o riesgo de colapso energético.
A estas compañías, el Gobierno las va a premiar con nuevas prebendas a través de la reforma fiscal aprobada el pasado viernes en el Consejo de Ministros.
Según recoge el documento diseñado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se procederá a la "ampliación de la exención parcial (85%) del Impuesto de la Electricidad: para mejorar la competitividad internacional de los procesos productivos intensivos en electricidad se estableció exención parcial del Impuesto de la Electricidad en los procesos metalúrgicos, mineralógicos y electrolíticos".
Estas exenciones fiscales benefician sólo a los grandes grupos industriales, en detrimento del restante tejido empresarial español
El documento del Departamento que dirige Cristóbal Montoro recoge también que "se amplía exención a todos los procesos productivos en los que el coste de la electricidad supere el 50% del coste de producción", una medida que "beneficia a la producción de gas industriales".
Con estos cambios normativos, estos grandes grupos industriales gozarán de una ventaja competitiva adicional sobre el resto de compañías instaladas en España. "Es una medida dirigida a contentar a los grandes industriales, poderosos y muy intensivos en creación de empleo, de los que depende un buen pellizco del PIB y de las exportaciones. Por eso, el Gobierno tiene que mimarlos, ante la amenaza de deslocalización y de recortes de plantilla", afirma una fuente del sector energético.
Son estas corporaciones (siderúrgicas, metalúrgicas, cementares, papeleras, químicas, gases industriales…), llamados grandes consumidores eléctricos, las que desde hace años se benefician de cobrar por el servicio de interrumpibilidad sin que éste haya sido demandado por Red Eléctrica, dado que con la crisis económica no se dan picos de altísima demanda que pongan en riesgo el suministro eléctrico del sistema.
Los grandes industriales también se benefician de los contratos de interrumpibilidad, por los que ingresaron 2.500 millones de euros desde 2009 sin que el sistema hiciese uso de ellos
Según un reciente informe del Oxford Institute for Energy Studies, "en España se reciben pagos por servicios de interrumpibilidad, a pesar de que casi nunca se hace uso de esas interrupciones". Desde 2009, estos 30 grandes grupos industriales, que emplean a 70.000 personas, se han embolsado unos 2.500 millones de euros por un servicio que no han prestado, a razón de una media de 500 millones al año.
El último año, 2013, esta cantidad se disparó un 54,8%, hasta los 748 millones de euros.
Por eso, en el resto del tejido empresarial español se miran con recelo los cambios introducidos por Montoro para beneficiar aún más a los muy grandes grupos, excluyendo a los grandes y medianos de estas ventajas fiscales por una razón de tamaño.
Pero el ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, ha dejado claro por qué hay que mimar a estas grandes empresas: "¿y por qué vamos a pagar 700 millones de euros al año a la gran industria? Pues porque de lo contrario, esas empresas, muchas de las cuales emplean a cuatro, cinco o seis mil personas en España, dicen: si ustedes no pagan esa interrumpibilidad, yo levanto la fábrica y me voy a otro país".
