Gonzalo Quintero tiene claro que "el sector empresarial está preocupado por la municipalización, porque han realizado importantes inversiones que no se pueden desmoronar de un día para otro". Esto supone un problema que además indica que España tiene que cambiar la forma de dar las concesiones, algo que se hará con la nueva ley de contratación del sector público.
Para este experto penalista, muchos casos están todavía en anuncio y a pesar de haberse anunciado entre ruido mediático, no tienen tan fácil realizarse. "El aire que sopla en muchos lugares de España hace que haya grandes empresarios que tienen miedo de poder ser objeto de una expropiación depredatoria e injusta". Esto no quiere decir que siempre que se recupere un servicio público sea injustificado, pero sí que se haga como término general y con argumentos ideológicos.
Las empresas están preparándose para saber cuándo una recuperación ha sido ilegal o delictiva, y esto ocurre cuando no se cumple la normativa. En el caso de los delitos hay dos figuras: expropiaciones ilegales o fraude en la contratación, que sería "dar la concesión a alguien que no se la merece por amiguismo o por favoritismo o quitársela a alguien que sí se la merece. Es una respuesta penal muy débil porque son artículos escritos hace 80 años que no reflejan bien el mundo actual. Partiendo de esa dificultad, habrá que reformar el código penal y dejar claro que asociación delictiva es la que se ha hecho sabiendo que se infringían los derechos del concesionario".
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