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La Guardia Civil registra Mercasa, donde el hermano de Ignacio González es directivo

La empresa pública de mercados de abastecimiento, que gestiona Mercamadrid o Mercabarna, ha realizado operaciones en el extranjero a través de una empresa semipública, Mercasa Incatema.

Agentes de la Guardia Civil han entrado esta mañana en la sede de Mercasa en Madrid. La compañía pública, que gestiona los mercados de abastecimiento de las ciudades españolas, como Mercamadrid o Mercabarna, ha llevado a cabo operaciones en países como Angola a través de una empresa semipública, Mercasa Incatema, que ha mantenido relaciones profesionales con Guillherme Taveira, prófugo de la justicia española.

En estos momentos hay dos agentes custodiando la entrada de la sede de Mercasa en el Paseo de la Habana de Madrid. En el interior se está haciendo un registro y los agentes solo permiten la entrada de empleados. 

Como ha ido publicando en los últimos meses este diario, Mercasa Incatema, participada por la Sepi y el Ministerio de Agricultura, y la privada Incatema Consulting, tuvo en nómina en Angola al menos entre los años 2006 y 2014 a Taveira, al que pagó cifras millonarias por su intermediación en la construcción de un mercado de abastos en Luanda, capital del país africano.

Entre los principales directivos de Mercasa Incatema se encuentra Pablo González, hermano de Ignacio González, el expresidente de la Comunidad de Madrid detenido esta mañana por negocios del Canal Isabel II en Colombia. Este diario no ha podido confirmar si los registros que está haciendo la Guardia Civil en Mercasa y en la casa de González están relacionados.

Mercasa Incatema firmó en 2006 un contrato para la construcción del mercado en Luanda, con un presupuesto de 218,9 millones de dólares. El presupuesto contemplaba entre otras partidas un gasto de 6,5 millones de dólares en formación. En febrero de 2009 se revisó el presupuesto y este se incrementó hasta los 285,5 millones de dólares.

Sólo la suma de los importes de los contratos con las empresas vinculadas a Taveira supera la cifra de 20 millones de euros, sin contar los porcentajes de comisión ligados a la ejecución de los contratos.

El juez José de la Mata, del Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, cursó una orden internacional de búsqueda y captura sobre Guilherme Taveira en el mes de octubre de 2014. Ese año la Guardia Civil detuvo a diez personas implicadas en una supuesta red de desvío de decenas de millones de euros de un contrato entre la compañía pública española Defex, de exportación de armamento, con Angola. El expresidente de Defex figuró entre los detenidos. El empresario de origen portugués Guilherme Taveira, afincado en Angola, sería la persona que intermediaría en ese contrato en nombre del Gobierno angoleño.

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