La gestión de la M-30 promete ser un nuevo capítulo en la particular batalla del Ayuntamiento de Madrid con operadores privados. Desde su aterrizaje a mediados del pasado año, la corporación municipal liderada por Ahora Madrid se posicionó en contra del esquema establecido en su día por Alberto Ruiz Gallardón para la financiación y mantenimiento de la circunvalación, al considerar que resulta oneroso para las arcas municipales. Mientras el Consistorio estudia fórmulas para acabar con el sistema y rescatar la concesión, los socios privados de la concesionaria Madrid Calle 30, ACS y Ferrovial, han mostrado también sus desavenencias con el Ayuntamiento y su manera de gestionar la empresa, como prueba el hecho de que no aprobaron las cuentas de 2015.
Desde 2005, el Ayuntamiento de Madrid, que tiene una participación del 80% en Madrid Calle 30, ha destinado 554 millones de euros a la concesión. Los cálculos del Consistorio establecen que hasta el final de la concesión, en 2040, la cifra se puede ir por encima de los 2.500 millones. Además, sostiene que la cantidad que paga cada año no justifica ni mucho menos la inversión necesaria en mantenimiento que requiere la infraestructura.
Pero en el lado de los concesionarios tampoco parecen especialmente satisfechos. Emesa, la empresa participada al 50% por ACS y Ferrovial y que ostenta el 20% restante de Madrid Calle 30, mostró en la última junta de accionistas de la compañía su desacuerdo con ciertos criterios de gestión aplicados por el Ayuntamiento y su responsable del área de Hacienda, Carlos Sánchez Mato, quien también ocupa la presidencia de la empresa mixta.
Así, Emesa no aprobó las cuentas del año 2015, que arrojaron beneficios de 55,4 millones de euros, al considerar que las mismas no reflejaban el efecto de una amortización del préstamo subordinado que mantiene con Madrid Calle 30, cuando en el contrato se especificaba que dichos efectos, que este caso se concretan en 3,35 millones de euros, debería anotárselos el prestatario.
Desacuerdo con los dividendos
Las cuentas fueron aprobadas pero no por unanimidad, sino gracias al 80% que controla el Ayuntamiento. Emesa optó por abstenerse, como hizo también con el punto referido a la distribución de los resultados. En este caso, el motivo fue que el Consistorio propuso destinar a dividendos 46,7 millones de euros, de los que a Emesa, en virtud de su participación, le correspondían 9,35 millones. Una cantidad que es inferior a la que figura en el Plan Económico Financiero del contrato de servicios por este concepto, que contempla una cifra anual por encima de 10,6 millones de euros.
La reclamación de Emesa, que proponía repartir la totalidad del beneficio de 2015 entre los accionistas para alcanzar la cantidad reflejada en el Plan Económico Financiero, fue desechada por los representantes del Ayuntamiento.
Por el momento, los socios privados de Madrid Calle 30 no han recibido comunicación alguna por parte del Ayuntamiento en relación a una posible modificación del régimen de concesión. El equipo de Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, está estudiando la posibilidad, avalado además por la Cámara de Cuentas de Madrid, que recomendó en su día el rescate de la concesión.
Objetivo: municipalización
Sin embargo, podría suceder que, en este caso, el remedio fuera peor que la enfermedad. La concesión tiene una vigencia de 35 años, hasta el ejercicio 2040 y sólo contempla como opción la venta de la participación de las acciones de Emesa en Madrid Calle 30 a favor del Ayuntamiento a partir de 2025. Hasta entonces, todo pasaría por una negociación entre las partes que no iba a resultar barata para las arcas municipales.
La corporación municipal también se planteó recuperar el contrato de la recogida de residuos pero el coste económico de la maniobra hizo que diera un paso atrás. En otros casos, como el de los servicios funerarios o el del alquiler de bicicletas BiciMad, el Consistorio sí ha optado por la vía de la municipalización.
