HC Energía, cuarta eléctrica en España, ha propuesto que los grandes consumidores industriales sólo abonen "los costes reales en los que se incurre para su suministro" eléctrico, excluyendo partidas que actualmente se cargan en los peajes (la parte regulada del recibo), como las primas a las renovables, los subsidios a los sistemas extrapeninsulares (los dos archipiélagos, Ceuta y Melilla) y los descuentos de los que disfruta, precisamente, la gran industria.
"En la actualidad los peajes de acceso recogen una serie de costes de política energética" que "no reflejan los costes reales del suministro a los clientes y que deberían financiarse por otras vías", subraya la eléctrica, que añade que "si se considera necesario que sean los clientes eléctricos los que asuman" esas partidas, "debería excluirse de los mismos a los clientes industriales para no perjudicar su competitividad y evitar el riesgo de deslocalizaciones".
La filial española de Energias de Portugal (EdP) calcula que el ahorro para los mayores consumidores industriales sería de unos 250 millones de euros y aboga por repartir ese importe entre el resto de usuarios, exceptuando a los más vulnerables. "Los costes de política energética deberían repartirse entre los clientes menos sensibles al precio", dice, intentando "no incrementar significativamente el nivel de precios que soportan actualmente y salvaguardando a los clientes vulnerables".
En Asturias, principal mercado de la eléctrica, sólo tres empresas concentran la mitad del consumo
La compañía señala que, del importe total de los peajes eléctricos (18.150 millones de euros), sólo 6.300 millones corresponden a la actividad eléctrica (transporte y distribución) y el restante 65%, a "sobrecostes de distintas políticas": 2.500 millones, a la política industrial, donde incluye la cogeneración e interrumpibilidad (compensaciones para la gran industria a cambio de aceptar cortes puntuales en momentos de alta demanda); 5.500 millones, a primas a las renovables; 1.600 millones, a los sistemas extrapeninsulares; 250 millones, al bono social (descuentos para consumidores domésticos vulnerables) y 2.000 millones, a la anualidad del déficit de tarifa acumulado.
Entre las propuestas de la eléctrica también está la de desechar "nuevas cargas a la generación puesto que los productores trasladan este coste al mercado mayorista en sus ofertas provocando su repercusión a todos los clientes proporcionalmente a su consumo, afectando de esta forma a la competitividad de la industria". La propuesta se trasladó en junio, antes del denominado impuestazo a la generación, que entrará en vigor en enero. El Ministerio de Industria todavía busca fórmulas para curar al "enfermo" sistema eléctrico, en palabras del ministro José Manuel Soria. Por un lado, el sistema requiere soluciones urgentes para tapar la "hemorragia" del multimillonario déficit tarifario (que se produce porque los ingresos del sistema eléctrico no cubren los costes reconocidos a las eléctricas). Por otro, Soria ha prometido fórmulas para evitar que grandes grupos industriales abandonen España ante el creciente coste de la energía.
El principal mercado de HC es Asturias, donde sólo tres empresas, Alcoa, Arcelormittal y Asturiana del Zinc suponen cerca de la mitad del consumo. Su propuesta se publicó el mes pasado, en el marco de una consulta pública realizada por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) en junio sobre la metodología de asignación de costes a los peajes de acceso eléctricos.
