Aunque insuficiente, es un primer paso para adaptar sus centrales nucleares a la normativa vigente. Iberdrola ha creado una nueva sociedad, Iberdrola Generación Nuclear, a la que traspasará los activos y la plantilla de la única planta atómica que la eléctrica controla al 100%, la de Cofrentes (Valencia). El objetivo es cumplir con lo que establece la reforma de la Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares o Producidos por Materiales Radiactivos, aprobada por el Congreso en mayo de 2011 (dos meses después del desastre de Fukushima, en Japón), que obliga a que los permisos de explotación de cada una de las plantas nucleares en España recaigan sobre una única sociedad anónima cuya actividad se centre, exclusivamente, en el sector nuclear.
Se da la paradoja de que la única planta que a día de hoy cumple ese requisito es Nuclenor, la sociedad de Endesa e Iberdrola que explota la central de Garoña, que en principio se cerrará en julio del año que viene.
La nueva sociedad, constituida el pasado día 13 y domiciliada en Madrid, “tiene como objeto social ostentar la propiedad o copropiedad con terceros en toda clase de activos nucleares (y, en particular, en centrales nucleares), así como la actividad, gestión de explotación, etc”, y su socio único es Iberdrola Generación, sociedad de la que actualmente depende Cofrentes.
La creación de Iberdrola Generación Nuclear recibió informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear en junio pasado, cuando se otorgó un plazo de seis meses (hasta mediados del próximo mes de enero) para llevar a cabo la adaptación. La sociedad está vacía de contenido de momento, pero está previsto que en aproximadamente un mes y medio comience el traslado de actividades y personal, según fuentes al tanto del proceso.
La creación de esta nueva sociedad no implica todavía la adaptación de Iberdrola a ley. En el resto de plantas, continúa el bloqueo: los diferentes operadores siguen sin alcanzar un acuerdo para repartirse la titularidad de las centrales, lo que coloca a estas en una situación que fuentes de la Administración califican sin ambages de “ilegal”.
Las dos centrales más conflictivas son las de Almaraz y Trillo, que están gestionadas por Agrupaciones de Interés Económico y que son las que tienen un accionariado más disperso. En la primera, el primer accionista es Iberdrola (48%), seguido de Gas Natural (34,5%), HC Energía (15,5%) y Nuclenor (2%). En Almaraz, Iberdrola tiene el 53%, Endesa el 36% y Gas Natural, el 11%.
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