Cuando falta una semana para que se inicie la mayor huelga convocada en la historia de Iberia, todas las miradas se dirigen hacia el Gobierno como la única institución que actualmente puede hacer algo para evitar lo que puede ser tanto un caos en el espacio aéreo español como un agujero irreparable en las cuentas de la aerolínea.
En concreto, las señales de alarma y socorro han partido de los sindicatos, convocantes de los paros y que han presentado ante la dirección de la compañía diversas propuestas para llevar a cabo el ajuste laboral, rechazadas sistemáticamente por Iberia. Las seis centrales convocantes, que representan a trabajadores de los colectivos de tierra y tripulantes de cabina, estiman que los paros se han convocado como un último recurso y esperan ahora que el Ejecutivo tome alguna determinación antes de que la huelga se haga realmente efectiva, pues supondría unas pérdidas millonarias que agravarían aún más la ya de por sí delicada situación financiera de Iberia.
Los sindicatos han trasladado al Ministerio de Fomento su inquietud por la situación y han recordado que en el pasado mes de diciembre decidieron desconvocar la huelga que habían programado para la semana previa a las fiestas de Navidad precisamente debido a los sucesivos llamamientos realizados por la ministra, Ana Pastor, al diálogo entre las partes para llegar a un acuerdo y evitar perjudicar a los ciudadanos. Los contactos se intensificarán en los próximos días.
Los convocantes de los paros para 15 días en los meses de febrero y marzo, que han participado en las tortuosas negociaciones con la dirección de Iberia, han enviado una señal de auxilio al Gobierno al considerar que la cúpula de la compañía se encuentra maniatada por la voluntad del holding IAG (que agrupa a la aerolínea española con su socio British Airways) que diseñó el duro plan de ajuste para Iberia ahora en el foco de la polémica.
También los pilotos
Como prueba, el hecho de que IAG no ha tenido en cuenta el acuerdo que alcanzaron Iberia y los sindicatos a mediados del pasado de diciembre en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), que establecía unas bases para la negociación del plan de ajuste. En un tenso consejo de administración celebrado el pasado 24 de enero, IAG ordenó a la compañía española intensificar las negociaciones para cerrar el plan de ajuste pero con las condiciones iniciales, esto es, 4.500 despidos aplicando la nueva reforma laboral y fuertes rebajas salariales.
“El Gobierno tiene que moverse y hacer algo ante esta situación, la dirección de Iberia no es autónoma, actúa al dictado de Londres pero los perjudicados serán los ciudadanos, la compañía y, como consecuencia, el hub de Madrid en el que tanto dinero público se ha invertido”, recuerdan desde una de las centrales convocantes.
A los colectivos de tierra y tripulantes de cabina se une el colectivo de pilotos en la petición de apoyo al Gobierno para desbloquear la situación. El sindicato Sepla va más allá y considera que la huelga puede llegar a derivar en el cierre de la compañía, que no podrá seguir prestando servicio después de tres o cuatro días consecutivos de paros masivos.
Pero el colectivo de pilotos no sólo se une al resto en la petición de auxilio al Gobierno. Con toda probabilidad, el Sepla también se convertirá en convocante de los paros laborales, una decisión que quedará ratificada en el día de hoy, en el que el sindicato celebra una asamblea precisamente para determinar su postura ante la huelga. Aunque también hay convocada otra reunión para el lunes 18, precisamente el día en que se inicia la huelga en Iberia, por el momento la decisión es firme.
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