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Galán, Entrecanales y el miedo a los hermanos Dalton

La purita verdad es que, pasado ya el ecuador de la legislatura, el Gobierno Rajoy y sus Dalton ni han resuelto, ni siquiera enfocado, desde una perspectiva liberal, es decir, liberalizadora y de aproximación al mercado, el problema crónico de la energía en España, y eso a pesar de la mayoría absoluta. En realidad Galán no dijo en Londres nada que no haya venido diciendo hace años.

Dice la leyenda que la banda de los hermanos Dalton fue un grupo de forajidos que operó en el viejo oeste americano durante la última década del siglo XIX. Su especialidad era el robo de bancos y trenes y estaban emparentados con los hermanos Younger, que cabalgaron a las órdenes del célebre Jesse James, aunque ambos grupos operaron de forma independiente. Entre no pocos empresarios españoles, sobre todo del sector energético, mayormente el eléctrico, se ha extendido la moda o la broma de apodar a los no menos célebres hermanos Nadal, Alvaro y Alberto, jefe de la oficina económica de Moncloa y aspirante al sillón de Economía, el uno; secretario de Estado de Energía, el otro, como los nuevos hermanos Dalton, dos cabalgan juntos, del Gobierno de Mariano Rajoy. Algo bueno tienen, y justo es reconocerlo. Ambos creen en la validez de eso que se llama “intereses generales” y en los que casi nadie cree. Y ambos han desarrollado una desconfianza patológica hacia la gran empresa, lo que en otros términos podría enunciarse como que no le tienen ningún miedo al glorioso capitalismo español, tan acostumbrado a hacer siempre lo que le sale de la punta. Lo malo de ambos es que, desde una formación liberal en origen, han desarrollado unos instintos dirigistas, intervencionistas, si se quiere, que asustan. El instinto del ordeno y mando. Hay quien les moteja también como los Kicillof hispanos, remedo del pintón ministrito argentino acostumbrado a hacer lo que le viene en gana aferrado a las faldas de la populista madame Kirchner.  

En el fondo, lo que Galán dice es que la reforma eléctrica del Gobierno, ni está ni se la espera

El caso es que en el sector energético, en general, y el eléctrico, en particular, el pánico es general a la hora de reconocer la pericia con la que nuestros Dalton desenfundan primero, disparan a continuación y preguntan después cuando la víctima ya está fiambre. El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, se fue a Londres a presentar resultados y allí se le aflojó la lengua y dijo cuatro cosas que causaron gran revuelo en suelo patrio. Vino a decir que no se puede invertir en España y que se siente más británico, americano o mexicano que español y allí fue Troya, porque estamos muy sensibles con lo de la patria. En realidad Galán no dijo en Londres nada que no haya venido diciendo en Madrid desde hace años, a saber: que España tiene una de las energías más caras de Europa; que no tiene sentido consumir energía eléctrica de fuentes de generación fuertemente subvencionadas cuando la tenemos de sobra y a perra gorda de origen eólico, hidráulico y nuclear, y que más del 60% del recibo de la luz nada tiene que ver con el coste de la energía y su transporte. En el fondo, lo que Galán está diciendo es que la reforma eléctrica, cuestión básica para la recuperación de la economía española, ni está ni se la espera, y eso va a afectar inevitablemente a la capacidad de crecimiento del PIB. La purita verdad es que, pasado ya el ecuador de la legislatura, el Gobierno Rajoy y sus Dalton ni han resuelto, ni siquiera enfocado, desde una perspectiva liberal, es decir, liberalizadora y de aproximación al mercado, el problema crónico de la energía en España, y eso a pesar de la mayoría absoluta.

A cambio, nuestro Bob Dalton, convertido en el hombre fuerte de un Ministerio cuyo titular ni pincha ni corta, está dejando por herencia un lío jurídico morrocotudo, una rémora de pleitos que pueden costarle a España una millonada durante muchos años en instancias jurídicas internacionales. Eso, y un montón de pequeñas empresas quebradas, además de alguna grande contra las cuerdas. El jueves, y como bien explicaba en este diario Baltasar Montaño, el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, trató en vano de explicar a los analistas las razones de los casi 2.000 millones perdidos en 2013 a cuenta de los recortes a las renovables aplicados por el Ejecutivo. El empresario madrileño, cuya familia controla el 60% del grupo, se mostró, a diferencia de Galán, más suave que un guante con un Gobierno cuyos recortes, los aplicados en los dos últimos años y los anunciados para éste, han hundido las cuentas de la sociedad en 2013 y lastrarán las de 2014. Acciona es una empresa con una deuda de 7.000 millones y cerca de 33.000 trabajadores en nómina, a la que nuestro Dalton puede hacer quebrar a poco que se lo proponga. Y son demasiados trabajadores, oiga.

Acusado de haber estado cerca de la izquierda exquisita española, Entrecanales ya no sabe qué hacer para hacerse perdonar por un Gobierno que no ha olvidado los servicios a la causa de Zapatero en el caso de la venta de Endesa al grupo estatal italiano Enel. Con las puertas casi cerradas tanto en Moncloa como en Génova, el de Acciona se la coge con papel de fumar a la hora de criticar unos recortes que han dejado tiritando a un grupo que subsiste gracias a una diversificación internacional bien gestionada. Lo dicho: 33.000 trabajadores pendientes de un hilo. Entreca llegaba esta semana bien aprendido tras observar lo ocurrido con Galán. Es lo que tiene pretender ir de independiente en un sector dependiente a palo seco de la tarifa. La maquinaria del Gobierno y del partido, con la connivencia de no pocos empresarios, no tardó en ponerse en marcha para acorralar al ejecutivo salmantino, que no ha tenido más remedio que pedir perdón. Lo hizo en una entrevista express con “Herrera en la Onda”, donde el aguerrido Galán dijo digo donde dije Diego. Y rumores hay que aseguran que le están intentando mover la silla, lo cual no dejaría de ser, albarda sobre albarda, un escándalo añadido al de un Gobierno que legisla con carácter retroactivo y que tiene ahora mismo sobre la mesa eléctrica un pifostio regulatorio de dimensiones siderales.

La capacidad de los Dalton para cabrear a todo el mundo

Porque ese es el drama que nos aflige. El Gobierno –este y todos los que le han precedido, fundamentalmente los de Zapatero y su cuate Miguel Sebastián- tiene una responsabilidad clara en el diseño de un sistema de aprovisionamiento energético que se ha convertido en un rubro básico de los costes de producción de la empresa española, y que ha demostrado una incapacidad supina para hacer realidad un mercado eléctrico competitivo de verdad, mercado en el que ahora nadie quiere invertir porque los precios de la energía no cubren los costes de producirla. En este escenario fue ganando arboladura un déficit tarifario al que había que poner coto. Y a Bob Dalton no se le ocurrió cosa mejor que repartir los costes de ese ajuste entre todos, cabreando a todo el mundo al mismo tiempo. El edificio, tan trabajosamente levantado, con tantas víctimas, se vino abajo con estrépito el día en que el ministro Montoro dijo que Hacienda no asumía su parte alícuota en el sacrificio (los famosos 3.600 millones que le fundían la consecución del objetivo de déficit). De lo que se infiere que los Dalton han cabreado a medio país y no han logrado corregir el problema estructural del sector.

Entrecanales ya no sabe qué hacer para hacerse perdonar por un Gobierno que no ha olvidado los servicios a Zapatero

Aunque para cabreo el de unos inversores, españoles y de medio mundo, llegados al calor de unas primas a renovables imposibles de soportar, y a los que, a medio partido, se les cambió las reglas del juego (¡los Dalton son así, disparan sin avisar!), lo que ha expandido en los mercados internacionales la percepción, acusación más bien, de que el sector está sometido a un cambio regulatorio permanente, realidad traducida en una inseguridad jurídica que afecta al riesgo país y que puede terminar contaminando seriamente al resto de sectores económicos, actuando como un factor disuasorio para la inversión extranjera en España. “Es lo que tiene”, asegura un empresario madrileño. “Tú puedes tener asesores y altos cargos muy sabios, muy listos, con muchos idiomas, pero a los que no puedes dejar meter mano en el BOE, porque el BOE es una cosa muy seria, y determinadas decisiones que tienen que ver con las cosas de comer las tiene que tomar muy poca gente, muy madura, muy responsable…”

Tras el espectáculo de la famosa subasta de energía del pasado diciembre, el viernes hemos sabido que el invento ideado por Soria para atajar la especulación de los precios de la luz sólo ahorrará a Juan Español entre 2 y 6 euros al mes. De acuerdo con un revelador informe de la CNMC (el guardián de la competencia que preside José María Marín parece empeñado en demostrar su independencia por la vía de los hechos, ojalá duren tan buenos propósitos) conocido este viernes, el sistema pergeñado por José Manuel Soria y su secretario de Estado, Alberto Dalton Nadal, introduce más volatilidad aún al sistema de formación de precios, apenas rebajará el recibo y será inoperante hasta 2018, cuando todos los contadores inteligentes estén instalados en los 27 millones de hogares o puntos de conexión.

La reforma eléctrica se ha venido abajo

El panorama es de aúpa. La reforma eléctrica se ha venido abajo, y no hay posibilidad alguna de completarla en esta legislatura. Endesa no existe como empresa española; Gas Natural es poquita cosa en el terreno de la electricidad y el único player de importancia, Iberdrola, está siendo perseguido por la jauría del oficialismo como reo de lesa traición. Es lo que tiene legislar a golpe de ordeno y mando, y hacerlo a veces de forma caprichosa o, peor aún, como un trágala al ciudadano desde la prepotencia del master de Harvard convencido de que él, ellos, no están para servir al Estado sino para, sirviéndose del Estado, dar salida a su inmensa arrogancia de burócratas autorizados por el dedo divino para interferir en la vida del resto de los mortales.

Lo ha puesto de relieve el caso del céntimo sanitario, el varapalo que la justicia europea asestó esta semana al Gobierno acusándolo de haber recaudado ilegalmente 13.000 millones de los consumidores entre 2002 y 2011. Nuevo golpe que pone de manifiesto eso que tantas veces, y no por capricho, hemos calificado aquí como “baja calidad de la democracia española”, una circunstancia que afecta no solo al confort existencial de los ciudadanos, sino a su calidad de vida, a su bienestar. Ahora habrá que devolver aquella suma, o una parte al menos, como en años venideros los futuros Gobiernos tendrán que hacer frente a las consecuencias dinerarias de los fallos en cadena que tribunales de medio mundo dictarán contra el arbitrismo de los burócratas hispanos, esos pistoleros que primero disparan y después preguntan, y que, si los dioses no lo remedian, seguirán campando por sus respetos. Los Dalton son así.

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