El impuesto a las compañías tecnológicas que prepara el Gobierno de Pedro Sánchez preocupa en el sector de los medios de comunicación. La tasa se aplicará a las "grandes empresas internacionales" que superen los 750 millones de euros de facturación en todo el mundo y los 3 millones en España. En Unidad Editorial, reconocen oficialmente su preocupación por el impacto que tendría el impuesto en sus cuentas, pues, en principio, gravaría la parte de su actividad que está vinculada a Internet.
Desde el grupo, inciden en que esta tasa, de aprobarse, afectaría al 3% de su facturación publicitaria en la Red, donde -recuerdan- los medios de comunicación son unos de los principales perjudicados por la posición dominante de Google.
Su aplicación sería un golpe para la dueña de El Mundo, Marca y Expansión, que ha sufrido durante los últimos años los efectos de la crisis económica y de la transformación digital, que ha afectado especialmente al negocio del papel. Eso le ha obligado, entre otras cosas, a despedir a varios cientos de trabajadores en tres duros expedientes de regulación de empleo (ERE). En la primavera de 2016, el magnate italiano Urbano Cairo lanzó una OPA sobre su matriz, RCS MediaGroup y se hizo con su control. Desde entonces, ha conseguido equilibrar el balance de la compañía y reducir significativamente su deuda financiera.
Al igual que ocurre en el caso de Prisa -que también cumple las condiciones para tener que pagar esta tasa-, en Unidad Editorial existe incertidumbre sobre el contenido que tendrá el texto que fijará las condiciones de esta tasa. Entre otras cosas, porque determinará las actividades de los editores de prensa que estarán sujetas a un gravamen del 3% y el importe estimado que deberá pagarse al fisco.
RCS MediaGroup facturó más de 750 millones de euros en 2017 (895,8 millones) y más de 3 millones en España (300,5). De esta última cantidad, 133,2 millones los obtuvo a través de los anunciantes. El 39,2%, a través de internet.
Preocupación en los editores
El efecto que tendría esta tasa en los medios también se planteará en la patronal del sector de la prensa AMI. En este sentido, fuentes de los editores lamentan que un impuesto de este tipo pueda afectar a un sector tan castigado por la crisis económica.
Según detalló el pasado 17 de octubre el Ministerio de Hacienda, el impuesto gravará, principalmente tres actividades: por un lado, los servicios de publicidad en línea; por otro, los servicios de intermediación en internet. Y, por otro, la venta de datos que las empresas recopilen a partir de la información proporcionada por los usuarios.
Su base imponible estará constituida por su facturación total, excluidos, en su caso, el IVA u otros impuestos equivalentes, obtenidos por las compañías por cada una de las prestaciones de servicios digitales sujetas al impuesto, según precisan fuentes del Ejecutivo.
Esta medida se ha planteado después de un largo debate sobre la escasa aportación que realizan a la Hacienda pública las grandes firmas tecnológicas, tanto en España como en la UE.
Esta medida se ha planteado después de un largo debate sobre la escasa aportación que realizan a la Hacienda pública las grandes firmas tecnológicas, tanto en España como en la UE. De hecho, Apple, Google, Facebook y Amazon abonaron al fisco, sobre sus beneficios, un total de 21,6 millones de euros en los últimos ejercicios sobre los que existen datos en el Registro Mercantil.
El problema hasta el momento ha sido la imposibilidad de desarrollar una normativa conjunta dentro de la UE, que permita acotar las prácticas de ingeniería fiscal que permiten a las empresas aportar en los Estados miembros menos dinero del que se correspondería con la actividad que desarrollan, al desviar fondos a ‘paraísos contables’.
El pasado octubre, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España (AmChamSpain) lamentó que el Gobierno impulsara la medida de forma unilateral y avisó a Hacienda sobre la escasa efectividad que podría tener: "No se puede poner cerco a la economía digital".
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