Inditex pliega velas en el negocio naval, un sector en el que la multinacional gallega, como otras grandes empresas españolas, entró en la década pasada, con una intención puramente financiera: atraída por el denominado tax lease, un sistema de generosas bonificaciones fiscales que desde 2002 permitía a los astilleros españoles construir barcos con desgravaciones de hasta el 30% para el armador que los contrataba.
2009 fue el último ejercicio en el que este tipo de sociedades figuraban en el perímetro de consolidación de la empresa fundada por Amancio Ortega, el español más rico del mundo. Pero, hasta este año, el gigante textil todavía mantenía vinculación con algunas de ellas. En el último ejercicio, se han liquidado ocho agrupaciones de interés económico (AIE) en las que la compañía aún participaba, todas ellas domiciliadas en Canarias. Las últimas fueron disueltas en agosto pasado: Naviera Berlín, Naviera Convadonga, Naviera del Guadiana y Naviera Venus. Todas ellas estaban destinadas a "la compra de todo tipo de buques para su posterior explotación mediante el arrendamiento del mismo, con o sin opción de compra", y fueron creadas entre 2001 y 2002.
Fuentes de Inditex recuerdan que la empresa nunca ha tenido una especial "inclinación" por este negocio y que si entró en él fue porque existía una "política activa" desde el Ministerio de Hacienda para impulsarlo. El grupo siempre mantuvo una participación minoritaria (inferior al 50%) en esas sociedades, cada una de las cuales, explica, estaba destinada a financiar la construcción de un barco para un tercero. Este alquilaba la nave y posteriormente ejercía una opción de compra, con importantes ventajas fiscales para ambas partes.
El futuro del sector naval español (del que dependen unos 30.000 empleos y que está históricamente vinculado a Galicia) depende en buena medida del tax lease, una fórmula utilizada en todos los países europeos que han aprovechado otras grandes empresas españolas como Mango, Ferrovial o Santander para ahorrarse impuestos. En el caso de la que se aplicaba para el naval español, fue suspendida en junio del año pasado tras la apertura de un procedimiento de investigación por parte de la Comisión Europea, motivado por las denuncias presentadas por asociaciones de astilleros de países como Holanda, Noruega, Finlandia, Francia y Portugal.
España negocia con Bruselas su restablecimiento, tras remitir en mayo un nuevo sistema diseñado por los ministerios de Industria y Hacienda consistente en "medidas de carácter general, no específicas del sector naval, y por tanto no constitutivas de ayudas de Estado", según dijo entonces Industria. El secretario general de Industria y Pyme, Luis Valero, señaló la semana pasada en el Congreso que el expediente ante los servicios de la Comisión Europea está "ultimado" y que "va a ser imposible decir que no" por parte de las autoridades comunitarias.
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