La factura legal de Banco Popular no hace más que crecer. En los últimos días se han presentado reclamaciones en Luxemburgo de inversores que perdieron varios cientos de millones. Y la factura puede rozar los 2.000 millones de euros pronto, cuando lleguen los recursos de Pimco (por 850 millones, que se espera en nueve días) los Luksic (por 100 millones) y la Sindicatura (entre 200 y 500 millones dependiendo de la valoración usada).
El mayor de los recursos anunciados hasta ahora es el de Pimco y un grupo de fondos anglosajones (Anchorage Capital, Algebris Investment y Ronit Capital), que van a intentar recuperar 850 millones perdidos en el rescate del Popular. Su intención era presentar recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), uno de cuyos plazos expiraba este lunes. Sin embargo, este fondo va a usar la extensión de 10 días que brinda la regulación, para recuperar lo que perdieron en bonos del Popular.
Otro afectado que sí que ha acudido a los tribunales europeos es la familia Del Valle, que perdió más de 500 millones en la resolución del Popular. Aun así, no está claro cuánto reclaman los inversores mexicanos, ya que los recursos ya interpuestos dan una banda de indemnizaciones que van desde los 0,7 a los 1,85 euros por título. De acuerdo a esta banda de precios, los mexicanos podrían recuperar entre 120 y 320 millones.
Esta gran oscilación se debe a que cada grupo de demandantes está optando por una estrategia distinta. Así, la asociación de accionistas minoritarios opta por reclamar 1,85 euros por acción, el último valor en libros auditado del Popular; mientras que B. Cremades & Asociados estima que lo justo sería recobrar 0,7 euros por título, la cotización del pasado 22 de mayo.
Discusiones en el aire
En principio, las distintas demandas a cuyo contenido ha tenido acceso este medio exigen al TJUE dos medidas: que se anule la venta del Popular a Santander, algo que según fuentes comunitarias es casi imposible que ocurra -"el proceso está muy bien amarrado"-; y una indemnización por las pérdidas sufridas en el proceso. A priori, sería la Junta Única de Resolución la que se tendría que hacer cargo de este dinero, en caso de que así lo estime el TJUE. E indirectamente, los fondos saldrían de la Comisión Europea, según publicó Expansión.
Otro de los aspectos sobre los que hay discusión es cuándo se deben presentar las demandas. Una gran mayoría de afectados la interpuso entre el pasado viernes y este lunes, ya que se cumplían los dos meses reglados desde la resolución del Popular: del 7 de junio al 7 de agosto. Sin embargo, hay al menos otras dos teorías sobre la mesa: que hay una prórroga de 10 días para reclamar, establecido por un artículo del reglamento creado antes de que existiera internet (10 días de prórroga para el envío de la documentación por correo); y que se puede apurar hasta septiembre, ya que la decisión oficial de la venta a Santander no se tomó hasta el pasado 12 de julio.
Bufetes como Cremades y Jausas presentan reclamaciones de cientos de millones en Europa
A esta última vía se van a acoger los multimillonarios chilenos Luksic, que perdieron 113 millones de euros con la resolución del Popular. También ha tenido dudas al respecto el antiguo núcleo duro de accionistas del Popular (Sindicatura). Fuentes de su entorno no quisieron confirmar ni desmentir que titulares del un 6% del banco también han trabajado en la reclamación en Europa. De acuerdo con lo que han hecho otras acusaciones, lo reclamado por este grupo de inversores iría de los 176 a los 465 millones.
Más allá de los grandes accionistas, hay grandes grupos de pequeños accionistas que también están dando guerra judicial. Este lunes presentó su recurso Aemec en representación de 4.000 accionistas del Popular. Según explicaron desde la asociación hace ya dos meses, ésta tenía un 3,5% del capital del banco, más que Luksic y casi lo mismo que Del Valle.
También presentó su recurso un grupo de accionistas de banca privada y aseguradoras, representadas por el bufete Jausas, que reclama una indemnización de 110 millones.
Por su parte, el bufete B. Cremades & Asociados reclama que declaren autoridades españolas y europeas en el proceso, al considerar que la gestión pública empeoró la situación del banco hasta hacerla insostenible. Mientras, Rúa Abogados también ha presentado recurso, para 2.000 accionistas.
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