La oposición de casi una decena de países de la Unión Europea (UE) bloquea por el momento las posibilidades de acuerdo para introducir un impuesto sobre las ventas de las grandes empresas digitales, cuya negociación a nivel político comenzó este sábado en el Consejo informal de ministros de Economía y Finanzas.
"Hay muchas opiniones diferentes en torno a la mesa. Mentiría si dijera lo contrario. Pero creo que hay una base amplia de apoyo para la propuesta de la Comisión Europea y, en general, la voluntad de discutir", dijo en la rueda de prensa tras la reunión el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, responsable de la propuesta.
Es la primera vez que los ministros debaten la iniciativa, que plantea imponer un impuesto del 3 % sobre la facturación por ciertos servicios digitales de las empresas que facturen más de 750 millones de euros en todo el mundo y más de 50 millones en la UE.
Se trataría de una tasa temporal como medida urgente para paliar las bajas contribuciones de estas compañías por el impuesto de sociedades hasta que se adopte la solución que Bruselas plantea a largo plazo y que consiste en tener en cuenta la presencia digital a la hora de calcular dónde pagan impuestos.
La UE, dividida
Los países parten divididos en la negociación, dónde se necesita conseguir la unanimidad de los Veintiocho para aprobar la medida.
Irlanda, Malta, Luxemburgo, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Lituania y el Reino Unido rechazan medidas unilaterales y piden una solución internacional, según las fuentes consultadas.
Por el contrario, Francia, España, Portugal, Polonia, Eslovaquia, Bulgaria e Italia, están a favor del impuesto temporal, en tanto que el resto de los Veintiocho mantienen posiciones ambiguas.
En el caso de Alemania, el ministro de Finanzas, Olaf Scholz, no intervino en el debate puesto que el nuevo Gobierno de coalición aún debe definir su postura.
Pese a ello, Scholz dijo en rueda de prensa que los países están "empujados" a reaccionar ante la digitalización de la economía y se mostró a favor de conseguir una tributación para que paguen los impuestos justos. Alemania se contaba además entre los países que en septiembre llamaron a tomar medidas urgentes.
Francia, la impulsora
Francia, España, Alemania, Italia, Austria, Portugal, Grecia, Bulgaria, Rumanía y Eslovenia respaldaron entonces introducir este tipo de impuestos a iniciativa de París, principal impulsora de la medida.
El ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, insistió en que espera un acuerdo antes del fin de 2018.
Sin embargo, los países reacios, teman que el impuesto mine la competitividad y atractivo empresarial de Europa y que EEUU lo interprete como un ataque hacia sus compañías.
"No estamos en una carrera para frenarlo, pero no queremos una solución individual que no funcione", dijo el ministro de Finanzas luxemburgués, Pierre Gramegna.
Gramegna insistió en que debe encontrarse una solución en el marco de la OCDE y debatirse con Estados Unidos, porque de lo contrario podría llevar a una "escalada" con ese país, dada la "retórica de guerra comercial" actual entre el bloque comunitario y EEUU.
Impuesto "necesario"
La Comisión, sin embargo, defiende que no es una medida en contra de nadie y que el impuesto temporal es necesario para evitar que los países adopten medidas unilaterales que hagan de la UE un mosaico de reglas mientras llega un acuerdo internacional que se ve lejos.
En este sentido, el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, anunció en la reunión que la organización adelantará a 2019 su informe sobre fiscalidad digital para acelerar el trabajo.
España, por su parte, está favor del impuesto, y ha decidido empezar a introducir a nivel nacional este tipo de tasa, cuya recaudación debería ayudar a financiar el alza de las pensiones, según anunció ayer el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
España apunta a 2019
El ministro de Economía, Román Escolano, dijo este sábado tras la reunión que esperan presentarlo "cuanto antes" y que "tenga efectos también en 2019 y sucesivamente", y apeló al "mayor consenso posible".
Escolano reconoció que el debate a nivel europeo "no es fácil" pero defendió que urge encontrar soluciones porque la economía digital hace que las normas tradicionales ya no sean válidas, lo que genera problemas de "justicia social" y "competencia".
Y es que, mientras las empresas tradicionales pagan de media un 23,2 % de impuesto de sociedades, las digitales abonan solo un 9,5 %, según la Comisión, que calcula que la tasa aumentará la recaudación en 5.000 millones de euros al año.
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