El plan del Ministerio de Industria, Energía y Turismo para la liberalización del negocio de las ITV no convence ni a las empresas del sector, ni a las comunidades autónomas, que tienen el control sobre este servicio, ni a la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
El guardián de los mercados ultima un informe sobre la nueva normativa planteada por el departamento de José Manuel Soria en el que, según distintas fuentes, el organismo que preside José María Marín Quemada se mostrará crítico con una reforma que, en opinión de algunos sectores, concede excesivo protagonismo a los fabricantes de automóviles.
as firmas automovilísticas quieren tomar parte en un mercado que factura unos 500 millones de euros anuales y del que, según esos críticos, pueden convertirse en "juez y parte" al revisar los mismos vehículos que producen. Con su tibia acogida a la normativa de Industria, la CNMC viene a alinearse con los postulados de los Gobiernos autonómicos, preocupados por una posible invasión de sus competencias.
Actualmente, en once comunidades autónomas este servicio se presta en régimen de concesión administrativa, en otras tres lo hacen las CCAA de forma directa o a través de empresas públicas creadas al efecto, y en otras tres (Madrid, Castilla-La Mancha) sólo es necesaria una mera autorización de la Administración regional.
Industria sacó a consulta en julio pasado un borrador de Real Decreto cuya principal novedad, ante “la situación actual” de crisis económica y en aras de la “liberalización” del sector, era la eliminación “todas las incompatibilidades” para la actividad de los servicios de ITV que establece la normativa vigente, el Real Decreto 224/2008.
Pocas regiones permitirían la entrada en el sector de empresas con intereses en la reparación o venta de vehículos
Actualmente, esta actividad está vetada para las empresas dedicadas al transporte terrestre por carretera, los fabricantes y concesionarios de vehículos, las gestorías administrativas relacionadas con el campo de la automoción, las entidades aseguradoras que operen en los ramos del seguro de automóvil y los peritos de seguros y mediadores de seguros privados que ejerzan su actividad en los ramos del seguro de automóvil.
El problema es que, en principio, no serían muchas las regiones que permitirían la entrada en el sector de empresas con intereses en la reparación o venta de vehículos, como pretende el ministerio.
El borrador de Industria, que según algunas fuentes podría quedar finalmente plasmado no en un Real Decreto, como se planteó en un principio, sino en un paquete de medidas liberalizadoras más amplio, era, en suma, un claro guiño a las patronales de fabricantes de coches, Anfac, vendedores (Ganvam) y concesionarios (Faconauto).
En octubre pasado, las tres organizaciones propusieron al ministerio (entonces, todavía con Luis Valero, ex director general de Anfac y nombrado esta semana consejero de Enagás, al frente de la Secretaría General de Industria) que se les autorice la realización de servicios de ITV para vehículos ligeros (turismos y furgonetas) con el objetivo de aumentar la competencia y reducir el precio de estos servicios.
La asociación empresarial del sector (AECA-ITV) ha advertido de que la incorporación de concesionarios al sector no garantiza un mejor servicio y, además, vulnera los principios de imparcialidad e independencia, pues los vendedores de coches serían "juez y parte" al detectar posibles defectos en los vehículos y proceder a subsanarlos.
Además, esta patronal cree que la liberalización tendría consecuencias negativas para la seguridad vial, el medio ambiente, los consumidores, los pequeños talleres y, por supuesto, las estaciones de ITV existentes. Actualmente, en España prestan este servicio unas 60 empresas que disponen de 400 centros con un millar de líneas de inspección.
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