S.J.B y su esposa, C.F.R, profesora titular en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (Uned) de Derecho Administrativo, acuden hoy lunes a los juzgados de Plaza de Castilla para declarar en calidad de imputados. En julio de 2021 la causa fue archivada.El matrimonio, y también su hijo de 21 años, están acusados de uso fraudulento de subvenciones públicas, así como su compañía, Maatg Nozzle. Además se les juzga por presuntos delitos de alzamiento de bienes, insolvencia punible y falsedad en documento privado.J.B es un empresario relativamente conocido en el sector tecnológico español. Entre 1995 y 1998 fue director de Telefónica Servicios Avanzados de Información. Con anterioridad fue subdirector general del Ministerio de Industria y Energía, y gerente de la Uned. Después creó su propia compañía, el grupo Maat, que entre otros hitos logró en 2002 un acuerdo de colaboración con el Cern, el mayor acelerador de partículas subatómicas del mundo. En la empresa participaba Caja Rural de Toledo.El juzgado de instrucción número 37 de Madrid admitió hace dos meses a trámite querella presentada contra la familia de J.B por el empresario Josep María Pocalles. A la querella se han adherido la fiscalía y el Abogado del Estado. J.B, de acuerdo a la acusación, habría gestionado subvenciones concedidas por el Ministerio de Industria por valor de 9 millones de euros.
Empleados de J.B aseguran que nunca trabajaron en el proyecto subvencionado
En su querella, Josep María Pocalles explica que era uno de los socios y administrador de la compañía Ekople Internet. Esta sociedad formaba parte de un consorcio de empresas que debía desarrollar el proyecto denominado Efficity Next Generation, de iluminación pública, subvencionado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. El ministerio se comprometió a aportar en los años 2010, 2011, 2012, y 2013 la cantidad de 3,34 millones de euros. En el consorcio participaban también Indalux Iluminación Técnica, la Universidad Complutense de Madrid, la Fundación Privada 12 CAT, y Maatg Nozzle.Como coordinadora del proyecto fue designada la compañía Maatg Nozzle, estando administrada por la sociedad Loan Capital, representada por el hijo de J.B y C.F.G, y siendo apoderados en la misma firma J.B, Ignacio Navarro, y Fernando Tartaro. Estos dos últimos administradores también están imputados, así como Raúl Fernández Rodríguez, cuñado de J.B.Maatg Nozzle recibía directamente las cantidades abonadas por el Ministerio de Ciencia y tenía que repartirlas entre los socios. De acuerdo a la querella, el primer año cumplió con el reparto, pero a partir de 2011 dejó de hacerlo. Maatg Nozzle "ya había percibido por parte del Ministerio las cantidades correspondientes al ejercicio 2011 (...) y en el año 2012 se repitió la retención (...)".Ekoplec Internet, ante la ausencia de los abonos acordados, no pudo hacer frente al pago de sus acreedores y se declaró en concurso de acreedores, encontrándose en la actualidad en fase de liquidación. En la querella se apunta que trabajadores contratados por Maatg Nozzle hicieron declaraciones juradas en las que manifestaron no haber realizado trabajos para el proyecto Efficity. A pesar de obtener fondos públicos, Maatg Nozzle despidió a toda su plantilla en enero de 2013.
J.B niega las acusaciones y dice que está siendo extorsionado
Además, el querellante señala que la empresa de J.B había sido "al parecer" coordinadora de otros proyectos recibiendo financiación pública por 8,9 millones de euros entre los años 2010 y 2012, "existiendo indicios de que dichas cantidades no se habían destinado a hacer frente al pago de los proyectos, sino desviadas a empresas vinculadas a Maatg Nozzle".La querella advierte que en 2013 la empresa de J.B hizo préstamos a empresas del grupo y a C.F.R" resultando chocante que no pudiera hacer frente a la realización de trabajos relacionados con proyectos para los que recibió fondos públicos y que no hubiese pagado a los trabajadores".Vozpopuli se entrevistó el viernes con J.B. El empresario niega las acusaciones y asegura que está siendo extorsionado, y apuntó que la implicación de su hijo se debe a que le colocó como representante de una empresa para que tuviera una plataforma laboral.SOBRESIMIENTO Y ARCHIVOEl Juzgado de Instrucción 37 de Madrid, a quien correspondió por reparto las actuaciones de investigación en relación a la querella presentada por el Señor Pocalles en calidad de acusación popular, procedió a desestimar y al sobreseimiento de la misma. Posteriormente y ante el nuevo recurso de los querellantes ante la Audiencia Provincial de Madrid, la Audiencia ha vuelto a ratificar el pleno sobreseimiento y archivo de la misma.
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